Un programa piloto de reinserción social del Gobierno paraguayo pretende cambiar el “infierno en la tierra” que los internos viven en las penitenciarías del país, la mayoría de ellas hacinadas hasta alcanzar condiciones inhumanas y que acumulan graves denuncias de abusos.
En la cárcel paraguaya de Misiones, situada a unos 200 kilómetros al sur de Asunción, el Ministerio de Justicia ha logrado algo inédito en el país: dar a los internos unas condiciones dignas de vida y la posibilidad de dedicar su tiempo de cautiverio a oficios, trabajos artesanales e incluso artísticos para su rehabilitación.
Varios factores confluyeron para que funcione en esta prisión el “Programa de Transformación Integral” que consiste en un cambio fundamental en la gestión del centro, usando los mismos mermados recursos económicos, pero de forma efectiva, evitando los casos de corrupción y dando actividades alternativas al ocio y la droga.
Es la más moderna y la que menos hacinada está. Casi alberga a la cantidad de gente que debería, algo poco habitual entre los 16 centros penitenciarios del país. En la cárcel de Misiones unas 600 personas viven en un espacio previsto para 500.
“Antes parecía una cueva de ratas, cables colgados, todo quemado, un total desastre. El comportamiento de la gente era terrible, drogas, cuchillos, las puertas rotas, todo descontrolado”, declaró a Efe Diego Verón, de 29 años, en uno de los dos pabellones reformados, condenado por tráfico de droga a tres años de cárcel.
Los dos módulos albergan a unos 140 internos de los casi 600 y han sido totalmente restaurados, las celdas acondicionadas para tres o cuatro personas, y no las diez o quince que llegan a entrar en Tacumbú, explicó Verón, que desde que llegó hace 4 meses desde la prisión de la capital, coordina las actividades de su pabellón.
Tacumbú, la mayor prisión de Paraguay, ubicada en Asunción y con una capacidad para 1.600 personas, tenía hasta hace unos meses más de 4.000 internos, que la ministra de Justicia, Sheila Abed, ha reducido a unos 3.000, derivando a los privados de libertad a otros centros.
Abed cambió en un año de mandato a controvertidos directores de prisiones que habían transformado los centros que gestionaban en sus pequeños feudos, como en la misma cárcel de Misiones o en el Buen Pastor, el penal de mujeres de Asunción, explicó a Efe su nueva directora, Claudia Riveros, impulsora del programa de reinserción.
El hacinamiento provoca que los internos no tengan acceso a servicios básicos. En Tacumbú los encarcelados pagan por tener una celda donde dormir y para lograr comida digna cada día. Los que no tienen dinero o están enganchados a las drogas, sin tratamiento alguno, deambulan como indigentes día y noche por patios y pasillos.
El nuevo director de la prisión de Misiones, Aldo Ulises Martínez, comenzó hace unos seis meses a aplicar el programa de reinserción que Riveros lleva poniendo en práctica a pequeña escala desde que era directora del penal de mujeres de Ciudad del Este y que ahora también intenta asentar en el Buen Pastor.
Martínez, apoyado por el Gobierno y los principales actores sociales y religiosos que trabajan en la prisión, ha convertido dos pabellones del penal de Misiones en un modelo de gestión para el resto.
“Cero vicios, ni cigarrillos, estamos decididos a evitar todo lo prohibido, pero que siempre hay en las cárceles”, dijo a Efe Martínez.
Según Cristóbal Leiva, el capellán que coordina el programa en la cárcel de Misiones, las personas que participan “no intentan llegar a la droga, tiene reglamento, disciplina y se adaptan a un sistema de trabajo”.
María Martínez, de 27 años, fue trasladada hace dos meses al sector que alberga a una treintena de mujeres en la cárcel de Misiones, que también forma parte del programa, y desde entonces ha dejado de consumir crack, ha recuperado peso y participa de actividades.
“Esto es la punta de lanza de la reforma del sistema penitenciario, para terminar con el infierno en la tierra que son consideradas nuestras cárceles. Tienen que dejar de ser un depósito humano donde todo está perdido”, explicó Claudia Riveros.
Según el censo penitenciario de 2013, el 60 % de los internos de Paraguay, unas 5.500 personas, están en prisión preventiva a la espera de juicio.
La ministra de Justicia declaró en marzo a Efe que esa cifra rondaba el 73 % de la población penitenciaria e instó a acabar con el “uso indiscriminado de la prisión preventiva”. Abed añadió que una persona puede estar presa un año de media en Paraguay antes de que se realice su juicio.
Esta es la principal causa de la sobrepoblación de las cárceles, según la ministra y según dijo el relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro, en una reciente visita a Paraguay.