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El proyecto fue sancionado sin mucho debate, mediante votos de diputados cartistas, liberales llanistas y diputados liberales que responden a Juan Bartolomé Ramírez (PLRA). El camino quedó allanado luego del retiro de la bancada opositora, al rechazarse la moción de debate libre, en el cual se pretendía abordar el atropello cometido en el Senado el martes con la modificación del reglamento interno.
Con la ley a un paso de su promulgación, la versión de Diputados otorga al presidente Horacio Cartes la potestad de nombrar a las autoridades, tanto presidente y consejeros, mientras que la versión de Senadores establecía un acuerdo previo para la designación en los mencionados los cargos directivos como forma de controlar al Poder Ejecutivo.
De igual manera, reduce a cuatro la cantidad de miembros del directorio y se eliminan las representaciones al momento de elegir a los consejeros. Esto generó críticas en la oposición ante la posibilidad de que seccionaleros sean nombrados como miembros del directorio.
En ese sentido, el diputado Víctor Ríos consideró peligroso que Cartes decida quienes integrarán el directorio y asegura que se trata de una muestra más del debilitamiento de las funciones del Legislativo. Agregó que el Ejecutivo no puede seguir concentrando más atribuciones de las que le corresponden.
Cada consejero percibe una dieta de G. 27.000.000, más de G. 2.451.000 por gastos de representación y otros G. 735.000, por responsabilidad en el cargo.
Otros aspectos de la normativa tienen relación con el otorgamiento de préstamos sin garantía, dependiendo de lo que decida el directorio, como también con dar créditos a entes públicos como municipios y gobernaciones, entre otros.