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La intervención en la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” llega a su fin el 19 de diciembre, sin embargo aún existen denuncias sobre posibles casos de compras de notas. Uno de ellos es Hugo Gabriel Pucheta Ferreira (27), sobrino de la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta de Correa, y funcionario en la Cámara de Diputados, donde percibe mensualmente G. 2.734.800, según datos oficiales.
La sospecha se inició al verificar actas de un examen de la cátedra de Derecho Marítimo. Pucheta había llevado como calificación 2. El número de acta es el 25791. Sin embargo, la nota que finalmente aparece en otra acta, con el mismo número de documento, es cuatro.
Consultamos al respecto al presidente de la comisión interventora, Antonio Tellechea Solís, quien explicó que el acta en cuestión fue la primera que fue verificada ni bien se supo del “sistema” ilegal de la compra de notas. De hecho, en el documento aparecen los nombres de muchos estudiantes que fueron expulsados tras la intervención. Tellechea Solís dijo que esta fue una de las actas que más se estudió, justamente por la cantidad de denuncias, y efectivamente fue modificada.
En este caso, la persona que compró su nota fue agregada en una de las actas después de haberse rendido el examen, lo que alteró el orden y por ende las notas de todos los demás estudiantes, incluyendo la de Pucheta. Por esto, el joven fue investigado junto con otros compañeros, pero finalmente se deslindó su responsabilidad. El también miembro de la comisión interventora Francisco Aseretto dijo que finalmente no hubo alteración de su nota, y que el mismo fue inclusive citado a declarar en la Fiscalía. En el acta final de esta nota, el joven llevó la nota 2, aseguraron.
“En realidad no es la primera vez que quieren involucrarle a personas que no tienen absolutamente nada que ver”, se defendió a su vez Hugo Pucheta. Dijo que desde que empezó la investigación su caso fue analizado tanto por la comisión como por la Fiscalía. Negó que tenga protección de las autoridades de la facultad o de sus parientes, como “se dijo”, manifestó.
Recordó que entre los “compranotas” están personas con parientes en el Estado, pero que igualmente fueron expulsados, como es el caso de María Belén Maldonado Silva (hija del diputado Celso Maldonado), y otro estudiante echado, también sobrino de otro ministro de la Corte. “Acá no se le perdonó a nadie”, dijo. “Hay un grupo de ‘compranotas’ que ya bajaron la cabeza y que reconocieron su error y la vida sigue”, manifestó.
Con lo que sí fue beneficiado Pucheta fue con las llamadas “mesas especiales”, según lo reconoció él mismo y los interventores. Se trata de un mecanismo para facilitar a los estudiantes de último año rendir las materias pendientes, que por algún motivo muy particular no pudieron hacerlo a tiempo. “Es una cosa muy excepcional. Yo soy enemigo de las ‘mesas especiales’ (…) Hubo abuso”, dijo Tellechea Solís.
Ante este “abuso”, desde que se inició con la intervención este año, se decidió suspender definitivamente dicha instancia, indicó a continuación. Por su parte, Pucheta reconoció que rindió cuatro materias en “mesas especiales”, y que a lo mejor es un mecanismo criticado, pero no deja de ser legal. Gracias a este mecanismo, completó las materias que le faltaban para recibirse de abogado.
También figuran en las mismas actas referidas –con calificaciones modificadas comparando ambos documentos– otros estudiantes de Derecho que fueron expulsados en octubre de este año, luego de que se comprobara que los mismos compraron notas. Una de ellas es María Belén Maldonado Silva, hija del legislador Celso Maldonado y funcionaria de la misma Cámara de Diputados. Aún no se recibió, pero cobra un salario de G. 8.598.400 como “jefa de departamento”, según los datos oficiales difundidos por la institución.
Otras expulsadas que figuran en esta materia junto con Pucheta son Nadia Soledad Ortiz, funcionaria del Poder Judicial, con un salario de G. 2.619.010. La estudiante fue imputada por comprar notas en junio de ese año. Encontramos además a María Belén Whittingslow Castañe, quien está imputada por este caso y además enfrenta otro proceso, ya que denunció por acoso sexual al docente y miembro del Consejo de la Magistratura, doctor Cristian Daniel Kriskovich de Vargas.