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La demanda quedó a cargo de la Jueza Marlene Ruíz Díaz, del Juzgado en lo Civil y Comercial de Décimo Turno, informó hoy Maximiliano Mendieta, abogado de la comunidad Cuyabia. Una vez anulada la transferencia, la propiedad debe inscribirse nuevamente a nombre del Instituto del Indígena (Indi). Los indígenas luego solicitarán que la tierra sea finalmente transferida a favor de la comunidad, explicó Mendieta.
En noviembre del 2012, Quesnel vendió la finca 10.245, donde habita la comunidad Cuyabia del pueblo ayoreo. La transferencia del inmueble se hizo en G. 1.250 millones (G. 50.000 la hectárea) a favor de Julia Beatriz Vargas Meza, oriunda de Ciudad del Este y abogada de la empresa Agrofertil. Vargas Meza figura también como directora ejecutiva del Centro Tecnológico de Desarrollo e Investigación (Cetedi). Ambas empresas pertenecen a una familia de empresarios brasileños de apellido Sarabia.
La transacción fue concretada por un valor inferior al 10 por ciento del valor real del mercado y además viola las disposiciones del Artículo 64 de la Constitución Nacional, que establece que los pueblos indígenas “tienen el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra” y se prohíbe “la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos”.
La fiscala Alba Delvalle imputó por lesión de confianza a Quesnel, a Vargas y a la abogada Carmen Orlandini, del Indi, en carácter de cómplices. Tras una audiencia de imposición de medidas, Quesnel evadió la cárcel con una fianza de G. 500 millones de guaraníes.