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Óscar Stark, ministro sustituto de Industria y Comercio, dijo en contacto con ABC Cardinal que el plazo de seis meses que decidió dar ayer el Gobierno a las empresas fraccionadoras es para que éstas se pongan al día con el empadronamiento de las garrafas.
Stark explicó que en 2005 se estableció la verificación de las garrafas para asegurar que las condiciones de seguridad sean las correctas. Según dijo, desde entonces hasta ahora las empresas se vienen aprovechando de la falta de control; sin embargo, ahora se están haciendo numerosas verificaciones que derivan en multas millonarias, que -dijo- es lo que molesta a los empresarios del rubro.
Los empresarios, por su parte, señalan que el Gobierno está persiguiendo al sector privado con el único objetivo de potenciar a Petropar, que es una empresa estatal.