El “Criptoviernes negro” ha dejado una cicatriz histórica en el mercado: la liquidación de más de US$ 800.000 millones en capitalización en cuestión de minutos, confirmando la naturaleza extremadamente especulativa de estos activos. El detonador fue geopolítico, donde los mensajes del presidente Trump sobre la imposición de nuevos aranceles a China desataron una ola de ventas que se magnificó exponencialmente por las liquidaciones forzadas de “posiciones apalancadas” por US$ 19.000 millones.
Mientras el Bitcoin y Ethereum se desplomaron cerca de un 20%, los activos tradicionales, como el oro y el dólar estadounidense, cumplieron su rol como refugios de valor. Este dramático episodio despoja al autodenominado “oro digital” de su aura de estabilidad y nos deja una lección ineludible para el ecosistema blockchain: el camino hacia la legitimidad de los negocios digitales no puede depender de la descentralización pura, sino de la construcción de una propuesta de inversión en activos digitales con seguridad jurídica que proteja al inversor.
La inestabilidad como noticia constante
La reciente caída brutal de las criptomonedas nos recuerda el peligro real de este mercado. Dado que no está controlado por las leyes financieras tradicionales, los ahorros de la gente no tienen la protección que ofrecen los bancos o los gobiernos.
En este punto, la Cámara Paraguaya de Blockchain coincide plenamente con la Circular SV.SG N°006/2025 del Banco Central del Paraguay, que señala lo siguiente: “La Superintendencia de Valores informa a los inversionistas y al público en general que las criptomonedas no son registradas ni autorizadas por esta Superintendencia ni por el Banco Central del Paraguay. Es importante recordar que las mismas no tienen curso legal en el país ni cuentan con respaldo del Estado”.
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¿Y si logramos esa seguridad jurídica utilizando una blockchain soberana?
Paraguay ha alcanzado un hito al desarrollar la primera infraestructura blockchain con soberanía nacional, seguridad jurídica y sin repudio. Este ecosistema digital, promovido por la Cámara de Blockchain, está respaldado por la Ley 6822/21 de Servicios de Confianza. Paraguay se posiciona como el único país en el mundo que posee una ley que abarca los 360 grados de las transacciones electrónicas, cubriendo tanto los documentos electrónicos como los documentos transmisibles electrónicos.
Este marco legal integral es claramente superior a normativas comparables, como la Ley de Activos Digitales de la Unión Europea (MiCA) o la Ley de Emisión de Activos Digitales de El Salvador, estableciendo un estándar global de confianza y legalidad para la economía digital.
La función de una blockchain soberana es registrar, asegurar, transmitir y verificar trámites y documentos digitales —gubernamentales, judiciales, académicos, civiles, comerciales o militares— y la tokenización de activos financieros, bursátiles y de seguros, así como de todo activo del mundo real (RWA), donde la seguridad jurídica y la inmutabilidad de los datos son esenciales, sin necesidad de usar criptomonedas especulativas.
La seguridad jurídica de la Ley 6822/21 busca integrar los beneficios de la tecnología blockchain soberana (eficiencia, inmutabilidad, trazabilidad) dentro de un marco legal sólido. Esto implica el cumplimiento complementario de las regulaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (Seprelad) respecto al antilavado de dinero (AML) y las normativas de Conozca a su Cliente (KYC) para todos los sujetos obligados por ley.
Desde la Cámara, promovemos la emisión de activos digitales y la creación de mercados digitales regulados, para que los ciudadanos puedan invertir en empresas y proyectos paraguayos con seguridad jurídica, de tal forma que puedan adoptar plenamente la tecnología blockchain sin morir en el intento.
*Director y portavoz – Cámara Paraguaya de Blockchain.