Actualmente, el CAH atiende a 61.209 clientes, lo que representa aproximadamente el 8% del total de las fincas registradas y mipymes formalizadas en Paraguay. Según el Censo Agropecuario Nacional 2022, existen 291.497 fincas y 450.167 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) formalizadas.
Actualmente, el CAH mantiene en promedio unos 45.000 préstamos otorgados por año, con una cartera de créditos que supera G. 696.662 millones, con desembolsos anuales por más de G. 494.335 millones, y un 99,82% de ejecución presupuestaria para préstamos.
Dentro de las políticas de la institución se destacan la de otorgar créditos accesibles y adaptados al productor familiar; promover la inclusión financiera con enfoque social, priorizando a mujeres rurales, jóvenes emprendedores y mipymes; impulsar la bancarización, facilitando el acceso al sistema financiero formal y a servicios digitales; financiar a productores familiares que abastecen el Programa Hambre Cero, fortaleciendo la seguridad alimentaria y la economía local, entre otras cosas.
Además, opera con una política de crédito responsable, reflejada en una tasa de morosidad anual del 2,54%. Esta cifra evidencia la confianza de los beneficiarios y la efectividad de las políticas de acompañamiento.
A pesar de los logros, el CAH enfrenta desafíos relacionados con la necesidad de ampliar la cobertura, innovar en productos financieros y modernizar la infraestructura tecnológica. La consolidación de alianzas estratégicas con actores públicos y
privados será fundamental para ampliar su impacto y alcanzar a más beneficiarios.
Sin embargo, los recursos financieros disponibles solo permiten un crecimiento vegetativo de la cartera de préstamos, limitando la capacidad de expansión para atender la creciente demanda de crédito en sectores productivos. Esta restricción impide escalar su impacto a nivel nacional.
El Crédito Agrícola de Habilitación se consolida como una herramienta para promover la inclusión financiera, el desarrollo productivo y la equidad social. Su gestión eficiente, su enfoque social y su rol en el fortalecimiento de la agricultura familiar y las mipymes lo posicionan como un aliado en las políticas públicas orientadas al crecimiento económico con justicia social.