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Para ser más claro, paradójicamente en donde abundan los árboles nativos, pájaros cantando y millones de mariposas, también pululan criminales armados que se esconden entre frondosos tallos y se encuentran en alerta si algún extraño está en la zona.
Ahí proliferan los hechos ilícitos como extracción indiscriminada de troncos de madera, invasión, quema provocada y cambio y uso de suelo. Por lo tanto, la pregunta que todos nos hacemos es: ¿qué hace el Estado para evitar esto? Esta invisibilidad no es solamente una problemática de ahora, sino que se viene arrastrando desde hace décadas.
Desde la Asociación Pro Cordillera San Rafael ya vienen denunciando a las instituciones correspondientes, pero las acusaciones quedan en mesa de entrada y van directo al archivo. El Ministerio del Ambiente, el Instituto Forestal Nacional (Infona) y el Ministerio Público hacen la vista gorda ante la tremenda injusticia que ocurre todos los días en esa reserva.
En este territorio también se encuentran al menos unas 16 comunidades indígenas mbya guaraní que viven en extremas precariedades. Los nativos denuncian impotencia ante la diaria deforestación que consume a esta reserva natural.
Inclusive lamentan que sus propios líderes negocian el permiso a extractores de madera a cambio de un beneficio.
En 2005 y en 2020 los árboles de este bosque se convirtieron en cenizas luego de los incontrolables incendios que ocurrieron en la región.
Estos hechos tuvieron que haber sido alertas para tomar acciones a nivel país; sin embargo, estos terrenos siguen siendo “tierra de nadie”.
Un grupo de periodistas del Paraguay fue hasta el departamento de Itapúa para aprender cómo acceder a información ambiental y para conocer la realidad de esta reserva y cómo las irregularidades afectan al cambio climático.
Definitivamente es momento de que las autoridades dejen de mirar solo sus intereses, se saquen las vendas de sus ojos y se percaten de que se debe actuar ante las criminalidades que ocurren en ese bosque invisible a sus ojos.