Encarar esto nos necesita doblemente comprometidos. Cómo lo gritaba en un poema Bertolt Bretch y en otros términos en la situación actual: primero vinieron por periodistas pero nadie hizo nada porque no era periodista, luego fueron por políticos, abogados, trabajadoras del hogar, defensores de derechos humanos y ahora, fiscales. Sí, hacedores de justicia. ¿Quiénes son los siguientes? ¿Estamos dispuestos a descubrirlo tarde y dejarnos hundir?
Cómo un primer disparador planteo, de forma sincera y abierta, que pensemos en una especie de gran plataforma social por el Estado Social de Derecho, que desnude todas las deficiencias estructurales, puntualizadas, sean de solución mediata o inmediata. Abramos el diálogo e interpelemos a todos los actores del Estado, a todas las oficinas. Que nos den respuestas y se sientan presionados por una ruta de trabajo multisectorial.
Por ejemplo, compañeros y compañeras periodistas, es necesario aunar esfuerzos por profundizar el periodismo de investigación. Esto significa tecnificar más los procesos, disponer de recursos, más trabajadores y menos precarización. Implica una Ley de protección a periodistas, defensores y defensoras de Derechos Humanos, que actualmente se encuentra en discusión en el Congreso.
Los partidos políticos, cómo instituciones puente de la participación democrática deben frenar el influjo del crimen organizado en sus estructuras. El saneamiento institucional es urgente ya que años de degradación han llevado a niveles críticos de aceptación su legitimidad cómo estructuras transformadoras de la sociedad.
Es necesario frenar el clientelismo en la política, fenómeno que cultiva el germen del deterioro democrático. Debemos discutir a lo interno y por fuera de los partidos los estímulos organizativos, modos de financiación y graves obstáculos existentes, las brechas existentes para la inclusión de nuevos actores y la sostenibilidad de las militancias genuinas que hagan frente a las instaladas con dudosos capitales.
El Congreso Nacional debe impulsar proyectos de combate integral al crimen organizado y, entiéndase cómo integral no una mirada de la seguridad de forma reactiva y desde la fuerza pública, sino de la seguridad en todas sus aristas, tales como en salud, educación, alimentación o trabajo. El legislativo podría establecer un monitor público de proyectos en marcha, una agenda de proyectos y audiencias, una hoja de ruta. De cara al segundo semestre del año deben ser ágiles en la discusión sobre el PGN e integrar nuevos elementos críticos.
El cielo no puede ser una zona invisible a los ojos de astrea, necesitamos radares y postergar su adquisición es decisión política, su carencia es negligencia y no falta de recursos, ya que si es un asunto de seguridad nacional, existen más de 40 millones de dólares al año destinados a las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC).
En materia de la Policía Nacional, es sabido que existe filtración de informaciones, precarización de los trabajadores/as policías y, sobre todo, un diseño institucional deficiente. Si tenemos que abrir un debate sobre la Carta Orgánica, hagámoslo. Necesitamos que no sean los actores operativos quiénes paguen impunemente el costo de la negligencia pública y que, tampoco dentro de las fuerzas se generen acuerdos tácitos de impunidad. Tienen que haber canales seguros que transparenten la situación y den seguimiento a las denuncias para desactivar zonas de impunidad total.
Vimos asesinatos espectacularizados en conciertos, en la Costanera de Asunción, en las vacaciones de un agente fiscal, en la puerta de medios de comunicación, en el hogar en horas de la noche. Donde hubo asesinatos casi siempre hay armas, y sin embargo, ¿Cuánto las controlamos? ¿Es realmente eficiente el control de DIMABEL? No podemos seguir con un Estado que no aborda la problemática de las armas cómo algo central. No podemos seguir ignorando que en el mercado local se venden armas con negligentes controles y se integran a rutas internacionales del crimen organizado.
En el manejo de datos hay un grave problema. La información personal está en el mercado negro sin control algunos: datos bancarios, tarjetas, domicilios, teléfonos, vínculos familiares, capacidad de pago. El problema no es la transparencia sino el control sobre quienes acceden a la información, los fines para los que puede utilizarse y, más aún, quien garantiza cómo las propias empresas telefónicas quedan expuestas a entrega de solicitud de información sensible de usuarios sin orden judicial, y sin que los usuarios se enteren. Necesitamos una Ley integral de datos personales.
En cuanto a la SEPRELAD y SENABICO, las dos más nóveles instituciones y con alto protagonismo en la esfera de lucha contra el crimen organizado, hay deficiencias a abordar. Por un lado, no podemos seguir sosteniendo en la impunidad a actores que fueron cómplices de ignorar reportes de actividades sospechosas (ROI) en la gestión pública, que se originaron por transacciones comprobadas del crimen organizado. La institución debe ser fortalecida y los controles elevados bajo estándares del grupo GAFI y la OECD, con resultados públicos y monitoreo activo de cumplimiento.
La SENABICO, por su parte, debe ser más transparente en la gestión de los recursos, en la explicación de motivos sobre las decisiones asumidas en el manejo o liquidación de propiedades, en el acceso cruzado al sistema bancario para recibir alerta temprana de transacciones sobre personas vinculadas a los criminales con bienes en custodia. Los recursos deben llegar a los actores de la sociedad civil y no solo a las fuerzas públicas. Si no ampliamos la mirada de seguridad a acciones coordinadas con todos los actores sociales, la dinámica será insuficiente siempre.
La SET, por otro lado, debe ser un actor más activo y menos persecutorio de Juan Pueblo o Ña Juana. Si las facturaciones hoy día permiten transparentar acciones ilícitas, esquemas cruzados de evasión de dinero, orígenes de recursos malhabidos o conflicto de intereses en la función pública, no pueden ceñirse a meras regulaciones tributarias, deben ser facilitadores y anunciadores proactivos de preocupaciones frente a otros actores públicos. Sin un modelo tributario más justo, equitativo y a medida de nuestras demandas, las propuestas seguirán tendiendo al archivo.
En el Poder Judicial la regla es la desconfianza en su autoridad cómo rectora de justicia. La Fiscalía igual. Si queremos avanzar es necesario revisar sus funcionamientos internos contra el crimen organizado, por ejemplo, con nuevas acordadas que orienten a los juzgados y generen condiciones para que no se generen abusos interpretativos. La corrupción judicial permeó tanto que las cifras de ganancias casi nunca reflejan el patrimonio real de los actores de justicia. Es imperioso ampliar el marco de garantías para defensores de derechos, incluidos entre ellos a abogados, magistrados o fiscales.
De cara a las elecciones del 2023, necesitamos una ley de trazabilidad del dinero público, que las declaraciones juradas sean vinculantes y generen responsabilidad penal en función al volumen del patrimonio, que el subsidio electoral sirva cómo garantía de presencia política frente al dinero sucio de la narco-política, y que los medios de comunicación, más que por formalismo legal, comprendan que la disposición de espacios a actores públicos con vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado debe ser motivo de observancia.
El crimen organizado permeó los más grandes gremios empresariales del país y debemos hacer una mirada crítica. El origen del dinero no puede seguir siendo un asunto tabú ni un factor de especulación permanente. Si queremos un empresariado vigoroso, que genere condiciones de trabajo real y demande condiciones al gobierno, necesitamos ejemplos desde los gremios, con comunicados no podemos seguir. Nuestras voces al viento sirven para reconocernos, pero siempre se puede hacer más.
Hoy existen industrias en Paraguay que son objeto de observancia global por sus vínculos con el crimen organizado, y sí, me refiero claramente a la industria del tabaco. Existen otros sectores críticos que puedan ser objeto de cadenas de producción de narcóticos y, por tanto, deben existir informes de sustentabilidad que reflejen controles rigurosos. No podemos seguir con la fama de que Paraguay es el paraíso de la impunidad.
Evaluemos la responsabilidad de las organizaciones ciudadanas, directa o indirecta en muchos casos, para romper complicidades con la lógica clientelar. Es momento de reivindicar la organicidad inteligente y una nueva ética como repudio y defensa frente al narco-secuestro de las estructuras sociales. Frenar la incursión política de personas vinculadas al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado es urgente y necesario.
La sociedad del silencio no puede volver a Paraguay en el infierno de los justos, el miedo no puede ser la condena para quienes anhelan una vida digna y en paz. Todos tenemos responsabilidades. Este es un llamado a que cómo sociedad elevemos la voz, actuemos con firmeza, hagamos nuestra lista de políticas que necesiten estar en la esfera pública y busquemos forma de priorizarlas con acciones coordinadas. Lo compartido en esta nota quizás son pocas lineas con relación a tantas demandas fragmentadas en la sociedad que hoy necesitan una articulación en común.
Necesitamos que más espacios (sindicales, gremios, academia, políticos, prensa, organizaciones de la sociedad civil y más), ampliemos nuestras acciones y presionemos más en ésta lucha cada vez más desigual. Hay experiencias burocratizadas cómo Gobierno Abierto o el Equipo Nacional de Estrategia País (ENEP). Quizás sean necesarias para impulsar procesos cómo éstos, pero más que nada necesitamos que todos los actores encontremos y creemos espacios públicos bajo una consigna: “No hay democracia si gobiernan las mafias”.