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Algo de esa orfandad e impotencia la sociedad paraguaya viene sufriendo todos los días ante la violencia y la inseguridad crecientes, sin encontrar respuestas de un Estado que se manifiesta ausente.
Cada vez es mayor el miedo que siente el ciudadano de a pie de ser víctima de un asalto callejero, de un atraco en su propia casa, o caer muerto en una calle cualquiera, en medio del fuego cruzado entre grupos criminales.
El asesinato del fiscal Pecci tiene el sello de un manotazo contra la sociedad paraguaya de ese monstruo de la mafia que crece y se expande como una llaga hacia las mismas entrañas del Estado. Esa bestia que nació y crece vigorosa gracias a la impunidad que –paradójicamente– le garantizan las mismas instituciones de la República a la que amenaza con devorar.
La pregunta de cómo llegamos a este estado de cosas tiene respuesta en múltiples causas, y todas ellas tienen un denominador común: la impunidad. Aquella impunidad que gozan policías que protegen a narcos; la impunidad que desde los mismos poderes del Estado se garantiza a los mafiosos, como por ejemplo, la no penalización a los “olvidos” en las declaraciones juradas adoptada desde el Parlamento, o la impunidad que brindan jueces y fiscales a los delincuentes de “poder específico” por miedo, por sometimiento a sus patrones políticos, o por beneficios económicos.
Finalmente, hay que admitirlo, por la impunidad social. La que los ciudadanos concedemos a los políticos corruptos, quienes son finalmente los responsables de que nuestro país se encuentre a la deriva.
Esa misma impunidad social que les concedemos a quienes se roban recursos de los hospitales, de la merienda escolar, de los planes de desarrollo, a quienes premiamos con nuestro silencio cómplice y nuestra apatía, y en una especie de suicidio colectivo en cada elección para intendentes, concejales, diputados, o el cargo que fuere, les renovamos la licencia para que sigan con el pillaje y el destrozo moral y material de nuestro país.