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En relación al 2023, Paraguay bajó 12 puestos en el ránking de libertad de expresión de Reporteros sin Fronteras. Actualmente ocupa el lugar 115 y el informe enfatiza en las frecuentes amenazas, agresiones y ataques contra los periodistas y medios.
Recordemos también que Paraguay tiene en su haber más de 20 periodistas asesinados en pleno contexto democrático. Como agravante, dice RSF, muchos de estos casos quedan impunes y debemos agregar que otros se vuelven en contra de los periodistas.
Por otra parte, se encuentra en los escritorios del Parlamento un proyecto de ley de Protección a Periodistas y Defensores de DD.HH. que hace poco fue objeto de discusión y, llama la atención, que sectores que no ejercen el periodismo “de calle” sostienen que el proyecto como está es “innegociable”.
Este proyecto tiene más de DD.HH. que de periodismo y en su diseño y composición muy poco tuvieron que ver los periodistas que ejercen y que están en el frente de batalla apechugando los embates propios de la profesión. Periodistas y defensores, merecen protección, pero cada quien con las disposiciones acordes a sus roles.
Al contexto debemos sumar las transformaciones de la industria periodística que aportan también algo de incertidumbre. Sin embargo, pese a todos estos entornos hostiles, los periodistas seguimos creyendo en la libertad de expresión y la libertad de prensa como única garantía de una real democracia y en carácter de contrapoder.
Seguimos teniendo la esperanza de tener justicia, pese a que a veces haya que esperar casi dos décadas. La reciente recomendación de la CIDH respecto al caso de Aldo Zuccolilo nos indica que el periodismo se encuentra en la senda correcta y se debe insistir al Estado en la despenalización de los delitos de difamación, injurias y calumnias en caso de que la persona ofendida sea funcionaria, persona pública o particular involucrada voluntariamente en asuntos de interés público. Es decir, el accionar de autoridades devenidas a ladronas de galletas y otros deudos.