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Uno creería que Peña no debió haberse alterado tanto si realmente piensa que no existe conflicto de intereses en el hecho de que él sea accionista de ueno Holding, al que pertenece ueno bank, y al que el Instituto de Previsión Social (IPS) –cuyo presidente depende del presidente de la República– le compró bonos por G. 250.000 millones (US$ 32 millones). La compra se hizo desechando ofertas de otro banco con mucho mayor solvencia, lo que significaría que no hubo de por medio algún interés de sus autoridades de precautelar los fondos del IPS, de cuya solvencia y buen funcionamiento depende la salud y la jubilación de miles de paraguayos y paraguayas. Todo lleva a pensar que en la compra de los bonos a ueno bank hubo otro tipo de intereses y objetivos.
Por la reacción que tuvo el mandatario, además, cualquiera tendería a creer que, efectivamente, hay un conflicto de intereses y que él lo sabe y que le pone nervioso que se lo digan.
El episodio sirvió además para saber que Peña y personas de su entorno, algunas con cargos en el Gobierno, tienen intereses (acciones) en ueno bank. Se supo además que esta institución y el banco Basa, vinculado directamente al cartismo, fueron beneficiados por el Gobierno con depósitos millonarios de fondos públicos, desde poco tiempo después que llegaron al poder.
En su reacción, Peña acusó al grupo Zuccolillo de mentir y de engañar a los jubilados, lo cual, de ser algo serio, hace rato debió motivar una denuncia formal ante la Justicia. Como hasta ahora no lo han hecho, da pie a pensar que sería nada más un intento de embarrar la cancha y de sembrar sospechas para desviar la atención y no responder a las preguntas que, como personas públicas, están obligadas a responder.
Cualquiera que siga ligeramente las publicaciones de los medios de comunicación del cartismo está al tanto de que hace tiempo intentan, sin éxito, instalar en el escenario político y ante la justicia denuncias contra quienes consideran adversarios políticos o personales. Llegaron al punto de presentar denuncias formales ante la Fiscalía, pero filtraciones de mensajes que se hicieron públicos mostraron la forma burda en que pretendían manipular los casos, con fiscales a medida, por lo que casi inmediatamente perdieron credibilidad.
El paso siguiente fue aprovechar su aplastante mayoría en el Congreso para crear una “comisión bicameral de investigación” con el objetivo de instalar lo que no pudieron hacer con sus medios de prensa. La catadura de sus integrantes y el manejo de los invitados y de temas a “investigar” motivaron que a esta altura casi nadie los tome en serio.
Ante los sucesivos fracasos, ahora, por lo que se ve, apuntan solamente a tratar de ensuciar y difamar a personas e instituciones que les molestan.
Uno puede entender que lo hacen porque solo eso les queda. Pero lo sorprendente es que, para ese menester, se involucre directamente el presidente de la República, quien debería tener un poco más de tino y sensatez para, al menos, intentar parecer un estadista y no un empleado al que hasta le encargan poner la cara cuando el grupo empresarial tiene problemas.