Cargando...
A propósito del concepto, finalmente, y en contra del clamor popular, la Junta Municipal de Carmen del Paraná aprobó por mayoría la venta de unas tierras públicas a una empresa privada que planea construir un barrio cerrado en la ciudad. De nada valieron las protestas ni los argumentos de que la operación constituiría un despojo de un bien público en detrimento de los intereses de los vecinos.
La propuesta de compra presentada por la empresa Paraqvaria, que ahora cuenta con el visto bueno de la Junta, propone un negocio en condiciones más que favorables. Para la empresa, claro está. Un módico precio de G. 15.000 por metro cuadrado, pagadero en 10 años de plazo.
Carmen del Paraná está ganando fama como destino turístico gracias a sus playas veraniegas y su condición de comunidad rural apacible y silenciosa. A veces demasiado silenciosa, ante el manejo de una especie de “monarquía hereditaria” instalada en el poder hace medio siglo.
Un barrio cerrado, con viviendas de nivel para la compra o alquiler, sin dudas, es un negocio redondo. Y no está mal que se busque hacer negocios. Pero la alarma se dispara cuando se vislumbra, se sospecha, o se tiene la convicción de que alguien se está beneficiando en forma particular, con bienes que son de todos.
Una práctica más que extendida en la administración de la cosa pública en nuestro país, dicho sea de paso.
La decisión del cuerpo colegiado de favorecer un negocio particular, en detrimento del interés general agravia a los carmeños. Tira por tierra el principio de primacía del interés general consagrado en el Derecho Administrativo, atendiendo a que hay más de 1.000 pedidos de compra de terrenos presentados por hijos de la comunidad, según consta en una carta abierta dirigida al intendente y concejales municipales.
El agravio es aún mayor cuando la decisión está precedida de fuertes rumores sobre jugosos “incentivos” para quienes aprueben la operación. Así las cosas, pareciera que la cuestión ya no tiene vuelta atrás, a menos que, tal como se anunció, los vecinos recurran a la instancia legal para frenar –como diría Jauretche- el “cipayismo” contenido en esta decisión de la Junta.