Señal contundente

Paraguay acaba de dar un paso firme en la protección de la infancia con la reciente promulgación de una ley que endurece drásticamente las penas por abuso sexual infantil, elevándolas hasta un máximo de 30 años de prisión. Esta reforma, promulgada por el presidente Santiago Peña, nobleza obliga reconocerlo, es una gran acertada en favor de las víctimas y representa un cambio significativo en el abordaje de un problema históricamente relegado: la impunidad de los perpetradores.

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La modificación de los artículos 128 y 135 del Código Penal surge como respuesta a una realidad alarmante: cada año, se registran alrededor de 3.500 denuncias de abuso infantil en el país. El Peña reconoció la laxitud de las leyes anteriores, llegando a señalar la incongruencia de que delitos como el abigeato fueran castigados con mayor severidad que el abuso sexual a menores. Esta disparidad clamaba por una corrección urgente.

La nueva legislación no solo aumenta las penas, también transmite un mensaje contundente: Paraguay no tolerará la violencia contra los niños. Se establece una pena mínima de 20 años para cualquier acto sexual cometido contra un menor de 10 años, pudiendo extenderse hasta 30 años según la gravedad. Este cambio trasciende lo puramente legislativo y representa un necesario cambio cultural en la protección infantil. Walter Gutiérrez, ministro de la Niñez y la Adolescencia, calificó la reforma como una “señal contundente” contra uno de los crímenes más atroces. Destacó además una estadística preocupante: el 82% de las víctimas son niñas, y la mayoría de los abusos ocurren en su entorno cercano. Esta realidad subraya la necesidad de crear entornos seguros para la infancia, complementando el castigo a los agresores con medidas preventivas.

La ley introduce conceptos clave como “integridad sexual” y “entorno cercano”, buscando que las sanciones sean proporcionales a la gravedad del delito. Sin embargo, se reconoce que esta legislación sola no es una solución definitiva. Si bien representa un avance hacia la justicia, debe complementarse con campañas de educación y concientización para prevenir el abuso infantil desde sus raíces.

Debemos puntualizar que la promulgación de esta ley marca un punto de partida ya que por si sola no garantiza la protección. La lucha contra el abuso infantil debe ser una prioridad constante. Por otra parte debería contemplarse la imprescriptibilidad de este crimen ya que a las víctimas les toma tiempo, incluso años, animarse a contar sus padecimientos causados por el abuso.

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