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Por lo visto siempre ha habido jueces de consigna que mercantilizan favores por sentencias, jueces corruptos así como sistemas judiciales que están en la línea de mira de la corrupción y del crimen organizado. En nuestro medio conocemos ello.
El juez es el actor central del sistema de impartición de justicia. Su función es dar una salida institucional a los conflictos que se presentan en la sociedad aplicando la ley e interpretándola. Ser juez es una tarea difícil, delicada. Tiene que lucir una conducta intachable y un comportamiento moral consecuente con su alta función fiscalizadora en resguardo de la ley. Debe tener íntegro conocimiento de las leyes, sensatez, prudencia y ecuanimidad. No debe dejarse impresionar. Debe ser honesto, no aparentarlo. Es como aquello de que “la esposa de César no solo debe ser honesta, sino parecerlo”.
Los bochornosos acontecimientos dados a conocer que involucran a varias juezas en actos lícitos –prevaricación, favoritismo, renuncia a la independencia, genuflexión al poder político– no hace sino confirmar tal cual se dijo sobre la percepción –esta última en los términos de la RAE, sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos– de que la judicatura no es un estorbo contra la corrupción, sino un elemento esencial en su reproducción y desarrollo. Un juez no puede aparecer envuelto en entuertos trasgrediendo las leyes despreciándola, al colmo de cometer delitos. Un juez no puede estar de rodillas al poder, no puede ni debe ser corrupto.
El término de juez corrupto se refiere no solo a aquellos jueces que participan en sobornos sino en favoritismos e implicados en prácticas poco éticas y deshonestas.
La característica fundamental que debe gobernar la actuación de los órganos del Poder Judicial, de los jueces, es la independencia, la cual presume que estos solo están sometidos al imperio de la ley, lo que es absolutamente discordante con cualquier tipo de intervención, como casi de forma normal lo vemos diariamente de los restantes poderes del Estado o de particulares corruptores –abogados, legisladores, políticos que detentan el poder– encaminada a influir en el desempeño de su actividad. Lamentablemente, somos testigos del nivel sistémico de corrupción imperante en el país del que el Poder Judicial no se salva ni escapa.
Ciertamente, parte del sistema judicial está envilecido por la corrupción, por jueces corruptos, venales y dependientes de la también en auge corrupción política y esto porque las redes de políticos corruptos, como de los poderosos, intentan garantizarse la impunidad al efecto de salir inmunes de las investigaciones para lo cual irremediablemente colocan en la estructura judicial a jueces proclives a la corrupción o influenciables por sus patrones políticos. También utilizan al Ministerio Público, muy proclive a ello, enviándonos un claro mensaje: en este país se tolera la corrupción, todo vale.
Siendo así, nada debería extrañar encontrarnos con los niveles de corrupción hoy existentes poniendo al Poder Judicial como objeto de la corrupción, como ente corruptible, mas no como una institución encargada precisamente de controlar la corrupción consolidándose la sensación de inseguridad y desconfianza hacia la Justicia poniendo en peligro el principal soporte de la estructura democrática.
La despreciable, censurable y por sobre todo reprochable conducta que podría ser subsumida como ilícita, de ahí que el Ministerio Público inició una investigación, de los operadores de justicia metidos en el bochorno que ha involucrado igualmente a legisladores, demuestra no solo el desprecio de los mismos de la ley sino el nivel sistémico de corrupción y deshonestidad que ha traspasado al seno del Poder Judicial y la cooptación de jueces para mantener un marco de impunidad para el poder estable produciendo un efecto devastador sobre el sistema judicial en su conjunto, por ello es que se ha dicho que la judicatura deja de ser un obstáculo contra la corrupción, convirtiéndose en un elemento esencial en su reproducción y desarrollo.
Es que para que el sistema judicial sirva a la lucha contra la corrupción debe, ineludiblemente, ser un ejemplo de limpieza y honestidad, a cuyo efecto se debe expulsar el virus de la corrupción, a los jueces corruptos y prevaricadores. A los arrodillados al poder.
El artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción hace hincapié en el papel decisivo del Poder Judicial en la lucha contra la corrupción y establece que, para desempeñarlo eficazmente, el propio poder judicial deberá estar libre de corrupción y sus miembros deberán actuar con integridad.
La corrupción debilita medularmente la administración de la justicia, ya que genera un impedimento sustancial al ejercicio del derecho de las personas a un juicio imparcial y menoscaba gravemente la confianza de la población en la judicatura.
Necesitamos imperiosamente un Poder Judicial independiente, eficaz y honesto. Un Poder Judicial con tales condiciones es un instrumento fundamental en la lucha contra la corrupción. De su eficacia depende la confianza pública en el sistema judicial, no sea que mañana apelemos a despellejar a los prevaricadores tal cual lo hizo Cambises II de Persia, así tal vez no tengamos jueces metidos en actos de corrupción, jueces deshonestos y prevaricadores.
