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Es a todas luces destacable que la reciente reglamentación de los créditos de carbono en Paraguay marca, para ambientalistas e inversores, un hito en la lucha contra el cambio climático y la posibilidad de atraer inversiones sostenibles. Sin embargo, la falta generalizada de información y la falta de estudios profundos sobre su aplicación podrían generan un terreno propicio para irregularidades, ya sea por desconocimiento o de manera intencional.
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Riesgos como la falta de reducción real de las emisiones, así como especulaciones del mercado, burbuja financiera, despojo de comunidades locales, lavado de activos y corrupción, dependencia en compensaciones en lugar de reducción de emisiones, forman parte de la lista que se corona con lo que se conoce como greenwashing o lavado verde.
Mediante el greenwashing, las empresas podrían comprar créditos de carbono para aparentar ser sostenibles sin reducir realmente sus emisiones. A la larga, o a la corta, esto desincentivaría la inversión en tecnologías limpias y en consecuencia perpetuaría la contaminación. Por esto es que el greenwashing es uno de los argumentos más fuertes de quienes están en contra de lo que representan legítimamente los créditos de carbono y de quienes descreen en el discurso del calentamiento global y los gases de efecto invernadero.
Los expertos en la materia sostienen que el mercado de créditos de carbono funciona con la premisa de que las empresas pueden compensar sus emisiones financiando proyectos de reducción o captura de carbono, como la reforestación o energías renovables. Pero si no hay mecanismos de control efectivos, estos proyectos pueden ser poco creíbles, verificables o inexistentes, generando una burbuja especulativa en lugar de una reducción real de emisiones de gases de efecto invernadero.
Para evitarlo, se requieren medidas concretas. A saber, la primera es que el organismo que certifique y audite los proyectos de créditos de carbono esté acorde a los estándares internacionales y ser independiente a cualquier empresa local.
A modo de contexto, antes de la reglamentación de la Ley, fácilmente en Paraguay ya existían alrededor de una veintena de empresas dedicadas al rubro, para cuya certificación recurrieron a instancias internacionales. La certificadora Verra, a través de su estándar VCS, lidera la verificación de proyectos de reducción de emisiones en nuestro país. En esa línea, el Programa SARA colabora estrechamente con Verra, asegurando, según ellos, la calidad y validez de los créditos generados en el Paraguay. Por otra parte, también existen otras certificadoras como Gold Standard, Climate Action Reserve (CAR) y American Carbon Registry (ACR).
En segundo lugar, y el más importante: una mayor transparencia en las transacciones, con un registro público accesible (cosa difícil en nuestro país en cualquier rubro) en el que se detallen los proyectos financiados, el impacto medible y las empresas involucradas con sus titulares, a fin de garantizar la efectividad y que las iniciativas carezcan de injerencias de tinte político. En tercer lugar, pero no menos importante, se debe promover la capacitación para fomentar el escrutinio público y evitar abusos e irregularidades como el greenwashing.
