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Todo esto repercute directamente en la seguridad alimentaria del país, poniendo en riesgo el acceso a productos básicos y encareciendo el costo de vida de miles de paraguayos. Una de las manifestaciones más claras de esta crisis ha sido el aumento en los precios del huevo, un alimento esencial para la dieta de muchas familias, cuyo costo se ha disparado debido a la escasez de insumos y la afectación del sector avícola.
Según informes del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, las principales fuentes de ingresos de Paraguay provienen de la producción agropecuaria, la generación de energía hidroeléctrica y el comercio. La exportación de productos agrícolas, especialmente soja y carne bovina, representa un pilar fundamental de la economía nacional. Sin embargo, este modelo económico ha traído consigo una serie de desafíos estructurales.
Paraguay, siendo un país con una fuerte vocación agroexportadora, se enfrenta a una paradoja alarmante. A pesar de ser uno de los mayores productores de soja y carne bovina del mundo, la seguridad alimentaria de su población sigue siendo una asignatura pendiente (1,7 millones en franja moderada o grave según FAO -2023). La dependencia de un modelo agroindustrial enfocado en la exportación ha generado una gran vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos, dejando desprotegidos a los pequeños productores y comprometiendo la disponibilidad de alimentos esenciales en el mercado interno.
Uno de los aspectos más críticos de esta crisis es la presión creciente sobre los recursos hídricos. La combinación de temperaturas extremas y una gestión ineficiente del agua ha generado una escasez sin precedentes en varias regiones del país. La sobreexplotación de acuíferos, la reducción de caudales en ríos clave como el Paraguay y el Paraná (Nytimes), y la falta de infraestructura adecuada para la captación y distribución del agua han puesto en riesgo tanto la producción agrícola como el suministro para el consumo humano. La situación es especialmente grave para los pequeños agricultores que dependen de sistemas de riego rudimentarios y carecen de acceso a fuentes de agua confiables, lo que agrava aún más su capacidad de adaptación a la crisis climática.
El impacto del calor extremo sobre los cultivos básicos como el maíz, el arroz y la mandioca agrava un problema de fondo: la falta de políticas públicas que prioricen la producción sostenible y la resiliencia climática. El modelo agroindustrial basado en el monocultivo intensivo, la irrigación mecanizada y el uso indiscriminado de agroquímicos, heredado de la Revolución Verde, ha demostrado ser un paradigma perimido. Este esquema de producción no solo profundiza la degradación del suelo y la sobreexplotación de los recursos hídricos, sino que también es ineficaz ante los nuevos riesgos que plantea el cambio climático. La dependencia de este modelo ha dejado a Paraguay sin la capacidad de adaptarse a las nuevas condiciones climáticas, poniendo en jaque la seguridad alimentaria a mediano y largo plazo.
Pese a esta realidad alarmante, el gobierno paraguayo no muestra señales de realizar cambios estructurales en el modelo agroindustrial. La producción de soja y carne, lejos de ser solo una cuestión económica, está estrechamente vinculada al lavado de activos, con redes de corrupción que atraviesan todos los poderes del Estado. El narcotráfico se ha infiltrado en las estructuras políticas y empresariales, perpetuando un sistema donde los intereses de unos pocos prevalecen sobre el bienestar de la mayoría. Esta connivencia impide la implementación de políticas que favorezcan una producción más justa y sostenible, agravando la crisis alimentaria y ambiental del país. No es casualidad que, según el Índice Global de Crimen Organizado, Paraguay se ubique como el cuarto país con mayor actividad delictiva (BBC) de este tipo en el mundo, reflejando el nivel de captura del Estado por parte de estas redes ilegales.
Ante este escenario, es imperativo que el pueblo de paraguayo fuerce a que se adopten medidas urgentes para garantizar su seguridad alimentaria en el contexto de una crisis climática que se intensifica año tras año. Es necesario exigir políticas públicas de apoyo a la agricultura de pequeña escala, incentivar la diversificación de cultivos y fortalecer los sistemas de almacenamiento y distribución de alimentos. Además, la inversión en infraestructura hídrica y la promoción de prácticas agroecológicas pueden ayudar a mitigar los efectos de futuras olas de calor y sequías prolongadas.
La seguridad alimentaria no es solo un desafío técnico o económico, sino una cuestión de justicia social y sostenibilidad. Si Paraguay aspira a un desarrollo equilibrado y equitativo, debe replantear su modelo agropecuario para garantizar que la producción de alimentos no solo genere ingresos para unos pocos, sino que también asegure el derecho fundamental de toda su población a una alimentación suficiente y saludable.
