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Esta penitenciaría fue dotada de “tecnología de última generación”, con cámaras de seguridad, sistemas de escaneo y tecnologías de reconocimiento facial y vehicular, además de sensores perimetrales de movimiento. Sin embargo, nada de esto sirvió para mantener dentro a los peligrosos delincuentes.
No es que la tecnología no sea importante para la seguridad, la lucha contra el crimen organizado o la represión de la criminalidad en general, sino que nada de esto sirve si no se erradica la corrupción.
Esto me hizo recordar una ponencia de Brian Skaret, fiscal federal y consejero del Departamento de Justicia de la Embajada de los Estados Unidos, durante su visita a Ciudad del Este en 2022, cuando afirmó que lo que permite que la mafia controle y reine en la vida de todos es la corrupción. Había detallado que las experiencias históricas muestran que no fueron los recursos tecnológicos, ni el entrenamiento, ni las capacitaciones lo que logró derrotar a mafiosos de la talla de Al Capone, sino fue el hecho de que funcionarios honestos que decidieron no aceptar coimas ni favores.
Nada se ajusta mejor a lo ocurrido en Minga Guazú, porque lo que finalmente permitió que los delincuentes volvieran a las calles no fueron las fallas tecnológicas ni la falta de capacidad, sino la ausencia de moral. Está claro que estos guardiacárceles no prestaron gratis su servicio al crimen organizado. Y resulta preocupante que la persecución de estas organizaciones haya llegado a este punto.
Esto no exime en lo absoluto la irresponsabilidad del Ministerio de Justicia de no proveer recursos básicos como candados para las puertas, municiones o incluso móviles para los guardiacárceles, tal como se reveló durante las investigaciones preliminares.
Desde un inicio, este centro penitenciario fue presentado como un centro de reinserción social, pero luego fue cargado con decenas de delincuentes considerados de alta peligrosidad sin que la seguridad estuviera a la altura. No hay suficientes agentes penitenciarios para cubrir el perímetro ni siquiera para ocupar las garitas de seguridad.
En resumen, mientras la corrupción siga siendo la regla y no la excepción dentro del sistema penitenciario, cualquier intento de reforzar la seguridad será apenas una fachada que, tarde o temprano, volverá a derrumbarse.
