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Hay otros casos cardinales. El asesinato del fiscal Marcelo Pecci, asunto en el cual no se nota ninguna voluntad para investigar en profundidad.
Y habría que preguntarse también por qué el Ministerio Público está tan ansioso por cerrar otro asesinato: el de Lalo Gomes.
Hay derecho a sospechar que en estos asuntos hay médulas que se quieren ocultar. Se recurre a argumentos sofisticadamente legalistas para justificar ciertos hechos y no buscar justicia, precisamente. Hay que recordar aquello que pregonan insignes maestros de la Filosofía del Derecho: no siempre lo legal es lo justo.
Esto se acaba de comprobar con lo del tribunal de Villarrica que absolvió a un docente de 56 años que enviaba escabrosos mensajes a una alumna suya de apenas 11 años de edad. Una trama repugnante.
En los casos de Rodrigo Quintana, el fiscal Marcelo Pecci y el exdiputado Lalo Gomes (más allá de cualquier juicio que se pueda hacer sobre éste) pareciera que se quisiera ocultar algo o proteger a alguien. Esto nos lleva a recordar al célebre periodista, escritor y humorista brasileño Millôr Fernandes, quien afirmaba que “la ley es el encubrimiento de la mentira”.
El caso denominado mafia de los pagarés es otro en el que está en juego el delicado equilibrio entre la ley y la justicia. Este es un gigantesco sistema mafioso erigido por empresas de cobranza, abogados, jueces de paz, ujieres y más para robar de la manera más vil a miles y miles de funcionarios, docentes y personas de escasos recursos. Un mecanismo que permitió a la organización formada recaudar millones de dólares, según las primeras investigaciones fiscales. Hay ya 63 imputados, pero lo grave es que los embargos de salarios — tramoya urdida para cobrar infinitas veces un mismo pagaré— continúan ocasionando en varios trámites la ruina total de personas ya de hecho pobres.
En este caso se usó al sistema de justicia para cometer (¿presuntos?) delitos repulsivos. Pero hoy la ley impide que se obre expeditivamente para frenar tales embargos.
Lo cómico es que, en un comunicado reciente, la Corte Suprema exhorta a los afectados por juicios ejecutivos (embargos) “a recurrir a los mecanismos legales existentes…”. ¿Cuáles?
Los delincuentes recurrieron a la ley para cometer un delito (no vengan ahora con presuntos o supuestos) y las víctimas no tienen una ley que pueda revertir inmediatamente su drama.
Para que les dejen de robar por ley, deben buscar “mecanismos legales”, según la Corte. La ley sirve a los delincuentes. Las víctimas claman justicia.
Como Rodrigo, Marcelo o el mismo Lalo.
nerifarina@gmail.com