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Lo más desgarrador es que los agresores, en la mayoría de los casos, son figuras de confianza: padres, tíos, padrastros. Individuos que, en lugar de proteger y guiar, traicionan la inocencia y destrozan el futuro de los más vulnerables.
Los directores de instituciones educativas han alzado la voz, denunciando casos que reflejan una realidad desgarradora. Los distritos de Carapeguá, Caapucú, Acahay, Yaguarón y Quiindy lideran esta macabra estadística.
En Carapeguá, una menor de 16 años sufrió el abuso de su padrastro, mientras que sus hermanos de 8, 11 y 12 años fueron víctimas de sus tíos. En Caapucú, un padre abusó de su hija de 11 años, y un tío hizo lo propio con su sobrina de 12. Acahay y Yaguarón no escapan a esta cruel realidad, con tíos abusando de menores de 14 y 11 años, respectivamente. En Quiindy se registró un caso de violación y coacción sexual.
Si bien es alentador que el Tribunal de Sentencia de Paraguarí haya dictado dos importantes condenas este año, 20 años de cárcel por el abuso de una niña de 9 años en Carapeguá y 13 años de pena privativa de libertad, por el abuso de una sobrina de 7 años, en Quyquyhó, estas sentencias son solo un paliativo ante la magnitud del problema.
Ante estos hechos alarmantes, se precisa trabajar en la reconstrucción de los valores familiares, fortaleciendo el tejido social y promoviendo una cultura de respeto y protección hacia los niños.
Es fundamental dictar sentencias más severas que garanticen que se respete el cuerpo de los niños, que no se debe tocar. La sociedad debe enviar un mensaje claro: no tolerar la impunidad ante estos crímenes atroces.
No podemos permitir que la infancia siga profanada. Es hora de actuar con urgencia y determinación para proteger a nuestros niños, los más desprotegidos de nuestra sociedad. Su bienestar y su futuro dependen de ello.