Los senadores quieren saber: ¿Cuáles son los métodos de control a fin de realizar el cobro por las recaudaciones de Apa? ¿Cómo son administrados los fondos recaudados? ¿A qué gastos y/o inversiones son destinados? ¿Cuáles son los mecanismos y parámetros de distribución de los fondos generados a través del derecho del autor? ¿En qué otros conceptos se invierten los fondos recaudados? ¿Cuáles son las remuneraciones de las autoridades, mesa directiva y sus miembros? Estas mismas preguntas le formulan a la AIE.
Pasando por alto la pésima redacción (como son parlamentarios no podemos exigirles que también escriban correctamente) cabe preguntar: ¿Qué les importa cómo se maneja una entidad privada? APA y AIE tienen sus estatutos y reglamentos de cuyo cumplimiento se encargan los asociados. Sus decisiones salen de una asamblea.
En su larga vida –iniciada en los años 50 del siglo pasado- APA ha tenido varios instantes tumultuosos resueltos en el interior de la entidad, como corresponde. Hubo directorios acusados de malos manejos administrativos que pasaron a la justicia.
Solamente los asociados tienen el derecho y la obligación de inmiscuirse en la marcha de la entidad a la que pertenecen.
Los senadores salieron a invocar el artículo 192, “Del pedido de informes”, que dice: “Las cámaras pueden solicitar a los demás poderes del Estado, a los entes autónomos, autárquicos y descentralizados, y a los funcionarios públicos, los informes sobre asuntos de interés público que estimen necesario, exceptuando la actividad jurisdiccional”.
¿En cuál de estas categorías los senadores incluyen a APA y AIE? Estas entidades no caben en ninguna de las establecidas por la Constitución. No son poderes del Estado, ni entes autónomos, ni autárquicos ni descentralizados. Tampoco sus dirigentes y asociados son funcionarios públicos, sin contar que algunos lo sean, pero no comprometen a sus respectivas asociaciones. Sin embargo, la mayoría cartista cometió el desatino de incluirlos en un artículo constitucional que con entera claridad, sin margen para otra interpretación, enumera cuáles son las instituciones y personas a las que se puede pedir informes.
La senadora cartista Lizarella Valiente argumentó su proyecto en las quejas de algunas entidades por los cánones que abonan a APA y a la AIE. Siempre se ha querido robar a los autores su creación. Se cree que la música, por ejemplo, es un disfrute que sale de la nada, que nadie la trabajó, que tranquilamente se debe disponer de ella, sin ninguna responsabilidad, sin abonar un centavo por la tarea ajena. Es elemental decir que ninguna de las empresas, que se habían quejado, regala su mercadería o su servicio.
Hace poco, Santiago Peña se acordó de la popular fábula de la cigarra y la hormiga. Lo hizo para decirnos que mientras él trabaja, sus críticos se pasan en la holganza. La tal fábula pretende hacernos creer que mientras las hormigas trabajan para acumular alimentos para cuando llegue el invierno, las cigarras se pasan cantando y luego se ven en la necesidad de pedir comida a las hormigas. La fábula no lo dice, pero las hormigas no serían tan hacendosas si en su trabajo no estuviesen acompañadas del canto de las cigarras.
En fin, que el pedido de informe se aprobó sin que nadie se entere de su contenido ni mucho menos verificar el precepto legal. Un día de estos, aparecerán los cartistas invocando el artículo 129 “Del servicio militar” para reprimir a la prensa.