El nuevo tren de moliendas, que está a cargo de la empresa Estructura Ingeniería SA (EISA), de Alberto Palumbo, fue adjudicado en el 2021 por G. 198.704 millones, y hasta la fecha, Petropar ya desembolsó G. 41.815 millones, sin que la obra esté terminada y sin moler ni una sola caña dulce.
Después de 10 días de manifestaciones y cierre de la Ruta PY02 por parte de los cañicultores de Mauricio José Troche y distritos cercanos de los departamentos de Caaguazú, Caazapá y Guairá, los productores y Petropar llegaron a un acuerdo para destrabar la medida de fuerza. El presidente de Petropar, Eddie Jara Rojas, se comprometió a preparar un nuevo proyecto y llamado para un nuevo tren de moliendas, mientras que la antigua obra fue judicializada y todo apunta a que, nuevamente, terminará en el “oparei”.
Se promete otro nuevo proyecto millonario y se judicializa la obra vieja, como si no supiéramos lo que eso significa en Paraguay: impunidad garantizada.
El caso se irá al fondo de algún cajón polvoriento del Poder Judicial y los responsables, otra vez, se irán de rositas. Mientras tanto, los pequeños productores siguen pagando el precio de la corrupción con sudor, hambre y abandono.
Del rubro de caña dulce dependen más de 40.000 personas de la región, pero eso no les importa a las autoridades de turno. Con tal de que se llenen el bolsillo, no les interesa quién muera o pase hambre en nuestro país.
Este modelo podrido de gestión estatal es un insulto a cada ciudadano honesto y trabajador. Es corrupción institucionalizada, legalizada y normalizada.
La ciudadanía no puede seguir siendo cómplice pasiva. Hay que exigir cárcel para los responsables, recuperación del dinero malversado y prohibición absoluta para que estas empresas sigan contratando con el Estado. Porque esto no fue un error, fue un robo. Y los ladrones, aunque vistan trajes caros y firmen contratos con logos oficiales, siguen siendo ladrones.