Compañías como Cabañas, Ytumí, Cañada, Itaybú Guazú y otras comunidades cercanas soportaron horas interminables sin electricidad, afectando no solo a hogares, sino también a comercios, pequeños productores, centros asistenciales y escuelas.
Los reclamos telefónicos y a través de las redes sociales apenas obtuvieron respuestas automáticas o promesas incumplidas.
Lo más irónico de la situación es que este colapso se dio apenas una semana después de la pomposa inauguración de la subestación eléctrica de Valenzuela, que tuvo una inversión de US$ 79 millones financiada por el Fondo de Desarrollo de la Cuenca del Plata.
La obra fue presentada como un refuerzo para la red de distribución, que supuestamente ayudaría a aliviar la sobrecarga de otras estaciones y garantizaría mayor estabilidad al suministro eléctrico.
A la presentación de esta subestación incluso acudió el presidente Santiago Peña, quien resaltó que este proyecto era clave para solucionar la inestabilidad del servicio en ciudades de Cordillera. Sin embargo, los hechos demostraron que la infraestructura sigue siendo insuficiente o mal gestionada, mientras las zonas rurales permanecen desatendidas.
A este panorama se suma otro dato igual de preocupante: la precariedad en la que trabajan los propios funcionarios de la ANDE en Cordillera, quienes en reiteradas ocasiones han manifestado que carecen de insumos, herramientas y recursos para atender de forma rápida y eficaz los llamados de emergencia de la ciudadanía.
En varios sectores no se cuentan ni con repuestos básicos, cables, transformadores o combustible suficiente para los móviles.
La combinación de infraestructura deficiente, desinterés institucional, abandono a las zonas alejadas y precarización del personal configura un escenario preocupante, que sigue dejando a miles de familias sin un servicio básico como lo es la energía eléctrica.
La ciudadanía exige que las autoridades de la ANDE y del Gobierno dejen de postergar a Cordillera y que encaren de una vez por todas un plan serio de inversión, renovación de redes y dotación real de insumos al personal técnico, antes que las condiciones empeoren y se tengan consecuencias más graves.