No existe una política educativa clara, ni una hoja de ruta institucional. Las decisiones se toman con carácter improvisado, según los intereses de los actores políticos que manejan los rubros docentes como cuotas de poder, dejando a decenas de instituciones sin maestros, sin dirección y sin infraestructura básica.
El ciclo lectivo 2025 ya se perfila como uno de los peores años para la educación pública en San Pedro. A la falta de previsión del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), se suma la politización en la asignación de rubros, lo que ha generado un vacío de docente, tras jubilaciones o traslados por concursos ganados.
Ante esta realidad, las comunidades educativas se organizan, gestionan, y cuando ya no son escuchadas, recurren a medidas extremas: la suspensión de clases, la toma de instituciones y las protestas. Como afirman muchos padres: “Ovaléma ÑakirirI.
Ha para colmo, ko’árape oñembohape avei pe programa “Hambre Cero” sin acompañamiento de infraestructura. En muchas escuelas se debe sacrificar aula para instalar la cocina, y los niños terminan dando clases bajo los árboles. En zonas rurales, los padres recurren a rifas, ventas de comidas y torneos de fútbol para recaudar dinero y reparar aulas; “ndaikatuvéima péicha ñaiko, che reindy ha che irũnguéra”.
A todo esto se suma la escasez de mobiliarios escolares, ya que los pupitres “chinos” solo llegaron parcialmente a tres distritos del departamento. La conectividad sigue siendo un lujo, las bibliotecas están ausentes, y los servicios más básicos siguen sin ser garantizados por el Estado.
La falta de infraestructura, conectividad y recursos humanos afecta directamente el derecho a la educación de cientos de niños y jóvenes, en uno de los departamentos con mayores índices de pobreza del país.
Las constantes movilizaciones no son más que un grito de hartazgo y patriotismo dice, “rohayhu ñane retã ha ñane mitãnguéra, upévare roñorairõ”, es el pueblo empujando, desde la rebeldía organizada, una barca que va a la deriva, sin timón ni capitán.
Frente a la indiferencia de las autoridades, las comunidades educativas apelan a la unidad y la resistencia para garantizar lo que debería ser un derecho incuestionable: una educación pública digna, inclusiva y de calidad.
Y aunque el cansancio pesa, aunque la esperanza parece desvanecerse, como dice una frase en nuestra lengua vernácula, “esperanza na ha’evéi ha consuelo ndaitujui”, los alumnos, padres y docentes con el py’apy ha che jerovia ndopáiva... ojepyso gueteri” soñando una mejor educación.