No es esta la primera vez que políticos y más aun pertenecientes a la ANR y en particular los legisladores que responden a dicha nucleación, aunque es de obviedad la peculiaridad de idolatrar a un personaje algo propio en el historial de aquella por parte de su dirigencia, alienten con total desvergüenza a ignorar la Constitución y en particular a desacatar fallos judiciales, aunque pregonen el respeto a la institucionalidad.
La desacertada, altanera y arrogante alocución hecha por el Pdte. del Congreso con relación a un posible fallo de la Corte Suprema de Justicia con respecto al caso de la pérdida de investidura de que no acataría aquel es prueba de ello. Abiertamente deja de lado que la Constitución es la herramienta que, tanto las autoridades, en particular quienes legislan, como los ciudadanos comunes, debemos respetarla para construir un mejor país.
El citado “funcionario” quien ha jurado respetar la Constitución desconoce o no le importa, lo que es más grave, que todo debe partir del contenido de la Constitución. Ningún acto puede ir en contra de lo que establece la Constitución.
El Imperio del Derecho es fundamental, pero para el citado funcionario –quien como todos debe ceñir sus actos a lo que la Constitución dispone– es letra muerta. Sin desparpajo alguno no le importa. La Constitución no es referencia para el mismo. La Constitución es una simple hoja de papel para aquel.
Desconoce el reparto de competencias, en el caso, la de la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal jurisdiccional, columna y sostén del poder. Desconoce y no le importa que la función constitucional de la Corte es revisar los actos de los otros poderes del Estado, cuando se vulnere la Constitución y el Estado de derecho. No puede hablarse de Constitución sin control de constitucionalidad. La labor y función que realiza la Corte Suprema es revisar los actos de los otros poderes del Estado, cuando estos aprueben algún acto que vulnere la Constitución y el Estado de derecho.
Para el citado funcionario, de ahí su soberbia de hacer saber que no respetará lo que la Corte decida, no está en su agenda la obligación de cumplir las decisiones de los tribunales, obligación que al parecer para aquel también el Congreso es ajeno. No le importa que su posición puede crear una crisis de la democracia y del Estado de derecho.
El legislador, ungido presidente del Congreso, desconoce, o –mejor– avasalla con su decisión que desechará lo que la Corte decida, que la función del Poder Judicial es primordial como garantía del imperio de la legalidad. Este funcionario debe saber que acorde a la Constitución es el Poder Judicial –la Corte es cabeza de dicho poder, guardián de la Constitución– el que define el derecho mediante la interpretación de las normas y quien emite su sentencia la que, como toda resolución judicial, debe ser cumplida y obedecida por todos, incluso los legisladores, aunque no sea compartida, no implicando esto último, como desacertada y altaneramente entiende aquel, autorización para desobedecerla. Es el Poder Judicial el intérprete supremo de la Constitución y nadie más, menos un altanero.
La Constitución nos impone a todos, léase todos, la obligación de respetar y acatar las decisiones de los tribunales. Ninguna autoridad, por más presidente de uno de los poderes que sea, está dispensada de desconocerlas.
La Constitución no ha esbozado que el presidente del Congreso decida lo que él cree es lo acertado acatar en cuestiones judiciales. Al contrario, le impone el deber, le exige, le compele constitucionalmente a obedecer antes de su propia opinión. El Pdte. del Congreso no puede hacer lo que quiere so pretexto de que coyunturalmente domina al Congreso.
La gravedad institucional que implican las manifestaciones públicas del Pdte. del Congreso o cualquiera que lo siga en su tesitura en desconocer lo que la Corte decida es un acto de sorprendente violencia, pero en particular un desafío para el orden constitucional incongruente con este último, por lo que resulta ineludible frenar que esas costumbres propias en dictadorzuelos hagan carrera, ya que aminoran y carcomen los fundamentos de nuestra base constitucional.
El desprecio a las atribuciones constitucionales, la desobediencia a los mandatos judiciales, por parte del PODER es una seña de autoritarismo incompatible con el precepto constitucional.
Le guste o no al Pdte. circunstancial del Congreso, la Corte Suprema de Justicia es el más alto Tribunal de la República como que es intérprete último de la Constitución y por ende debe arbitrar los medios para lograr su efectivo cumplimiento y no propiciar su desacato tal cual pregona, nadie ni nada por encima de la Constitución, nada fuera de ella. Si esto último no le agrada, que se vaya, bien hará a la salud de la República.
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