La gobernadora Zárate de Monges (ANR), al proclamar en dicha reunión realizada el pasado 13 de este mes que “gracias al Partido Colorado” ostenta su cargo, y el ministro Baruja, al acompañar y validar este acto, demuestran una preocupante falta de comprensión de los límites entre la función pública y la militancia partidaria.
Es grave que el ministro Baruja, quien ya había sido señalado por prácticas similares durante su gestión como gobernador, repita este comportamiento en su nuevo rol. Esto sugiere que no se trata de un simple error de juicio, sino de una convicción arraigada de que el poder público puede utilizarse para fines partidarios.
En aquellos oscuros tiempos, el partido de gobierno se confundía con el Estado, y los funcionarios públicos actuaban como meros operadores políticos. Pero, en la actualidad, siguen actuando de la misma forma.
La Ley N.º 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil prohíbe a los funcionarios públicos realizar actividades políticas partidarias o proselitismo dentro de las dependencias públicas, además de utilizar recursos de la institución para fines ajenos a su propósito.
Casos como el que sucedió en la Gobernación de Paraguarí demuestran que la ley por sí sola no es suficiente. Es necesario un cambio de mentalidad, un compromiso ético por parte de los funcionarios públicos para priorizar el interés general por encima de sus lealtades partidarias.
Es hora de recordar que la democracia se construye sobre la base del respeto a la ley y la separación entre el partido y el Estado.
No permitamos que los fantasmas del pasado vuelvan a oscurecer nuestro presente. El incumplimiento de esta ley no es investigado; resuena un silencio total desde los concejales departamentales, que no se pronunciaron, hasta las autoridades competentes, que deben investigar el hecho para que no siga ocurriendo en este lugar u otras instituciones públicas del país.