Esta es la interpretación del discurso duplicado de Santiago Peña. Primero halagó los oídos de su padrino en la Junta de Gobierno y luego los de los profesionales de la adulación en el Congreso.
En el país de maravillas de Peña nada hace ni siquiera presagiar que ocurriría algún hecho irregular. Está lejos de que en cierto momento –por lo menos mientras reine el cartismo- le sacuda algún caso de corrupción, por ejemplo. Estas calamidades suceden en otros países. Ahora mismo, España sufre el resultado de una investigación judicial que sacó a la superficie lo más inaceptable en una democracia: la práctica corrupta de sus más altas autoridades. Un exministro y un exsecretario de organización del partido gobernante –ambos de extrema confianza del Ejecutivo- estuvieron manejando licitaciones para cobrar jugosas comisiones. Uno de los autores ya está en la cárcel. El otro, a punto de estarlo.
La vicepresidenta del Gobierno, con referencia a este caso, dijo: “…la gente que votó a este Gobierno necesita absoluta confianza y transparencia y un giro copernicano, con medidas de regeneración democrática contundente”. La portavoz del Gobierno dijo a la prensa: “Ver entrar en la cárcel al señor Santos Cerdán (ex secretario de organización del PSOE) es una imagen tan profundamente desgarradora como decepcionante y dolorosa por unos hechos bochornosos y terribles”. Cerdán ingresó en prisión por “cohecho, organización criminal y tráfico de influencias”.
Por lo menos con el Gobierno cartista nunca saldría del Paraguay una noticia como la que nos llega de España. Nunca, porque ni fiscales ni jueces se atreverían a intervenir Itaipú, por ejemplo. No lo haría porque hay indicios –caso pupitres chinos, entre varios otros- de una feroz corrupción que salpica –que baña- a las autoridades de la Binacional y de otras entidades públicas y privadas. Incluso internacionales, como la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) que ampara compras para evitar el control de las entidades respectivas. Valerse de Itaipú es asegurar impunidad y llenarse los bolsillos.
Santiago Peña dijo en duplicado que su gobierno es democrático. Un momento. Él mismo, en un encendido discurso, saludó la presencia –hace un par de meses- de lo más granado de la ultraderecha internacional con la que identificó su gobierno. La ultraderecha es un peligro para la convivencia democrática.
¿Hay democracia en un país donde se ignora a la minoría? ¿Cuántos opositores tienen algún puesto de relevancia en la conducción del país? En el Parlamento no se les da ni siquiera la presidencia de la más oscura comisión. El cartismo los desconoce; también busca que desaparezcan.
En una democracia se escucha la voz de la oposición. Se la tiene en cuenta. La pluralidad de opinión es respetada. Con el cartismo la minoría padece humillaciones. Se la quiera borrar del mapa político o tenerla también de rodillas a los pies del patrón. Acerca de las próximas municipales, Cartes y Peña aseguran que van a teñir de rojo el país. Y lo van a conseguir seguramente con el sencillo expediente de la chequera. Es así como el oficialismo tiene mayoría en el Congreso que se ha llenado de tránsfugas. A las pocas voces limpias y libres se las denigra.
En su doble discurso –nunca mejor dicho- Peña se adelantó en decir que será criticado. Asumió las debilidades de su informe.
En una democracia –no la del cartismo- funcionan los organismos de control y se castiga a los corruptos. No se los ampara. No importa qué funciones cumplen en el Gobierno o en el Partido oficialista.
Necesitamos, como se dijo en España, “una regeneración democrática contundente”. Es de suma urgencia.