Gobierno en deuda con Cordillera

El tramo que une el kilómetro 100 de la ruta PY03 con el casco urbano de Juan de Mena se convirtió en una verdadera pesadilla para los pobladores. Cráteres en lugar de baches, banquinas devoradas por el agua y un asfalto convertido en polvo son la muestra más clara de la indiferencia del Estado hacia las comunidades del interior.

¿Acaso la gente del interior no merece un camino digno? Durante años han golpeado puertas y reclamado soluciones, pero lo único que reciben son discursos vacíos, promesas electorales y visitas montadas para la foto.

El 26 de junio, funcionarios del MOPC aparecieron con maquinaria y despertaron una mínima esperanza. Sin embargo, lo que parecía el inicio de obras resultó ser una burla: apenas rellenaron unos metros, posaron para las cámaras y se marcharon.

El camino destruido destroza vehículos, genera gastos interminables y ya costó vidas en accidentes. Cuando llueve, los pozos se transforman en trampas mortales para motociclistas y automovilistas.

El abandono también asfixia la economía local. Productores agrícolas y ganaderos pagan más por transportar su mercadería, mientras cualquier posibilidad de turismo queda sepultada bajo la desidia oficial.

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Cansados de tanto atropello, los pobladores convocaron una manifestación para el 18 de agosto en el kilómetro 100 de la ruta PY03. No quieren más parches ni discursos: exigen obras de verdad y una reparación total de la ruta.

Pero no solo Juan de Mena sufre el olvido. En toda Cordillera abundan calles destruidas, tramos oscuros y peligrosos. El kilómetro 56 y el kilómetro 71, ambos en Arroyos y Esteros, son ejemplos claros: pozos profundos, banquinas intransitables y una total falta de iluminación. De noche, transitar por allí es como jugar a la ruleta rusa: ni con luces altas se ve nada, es manejar a ciegas.

La compañía Bernardino Caballero de Atyrá tampoco escapa a esta realidad. Allí, los pobladores deben caminar entre el barro porque las vías son intransitables. Cada lluvia convierte el trayecto en un lodazal que atrapa a vehículos y obliga a las familias a desplazarse a pie para llegar a la escuela, al trabajo o a un centro de salud.

La situación no es nueva. Desde hace años, los pobladores vienen denunciando el deterioro progresivo de la infraestructura vial, pero sus reclamos parecen caer en saco roto.

A dos años de gobierno, Santiago Peña y la ministra de Obras Públicas Claudia Centurión siguen sin dar respuestas reales.

faustina.aguero@abc.com.py

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