En Caaguazú, un grupo de criminales armados no dudó en enfrentar a la FOPE, dejando a 3 uniformados heridos en un enfrentamiento ocurrido en la madrugada del miércoles 10 septiembre pasado. Sin embargo, apenas 24 horas después de ser capturados, varios de los implicados ya estaban en sus casas, cómodamente recluidos, mientras las víctimas siguen marcadas por el terror. ¿Qué señal envía la justicia cuando premia con beneficios a quienes ayudaron a planificar un atraco sangriento?
En Coronel Oviedo, un motociclista perdió la vida porque un joven decidió mezclar alcohol con volante. El examen de alcotest fue claro, la responsabilidad está comprobada, pero el castigo fue “prisión domiciliaria”. La familia del fallecido llora a su ser querido, mientras el responsable del hecho puede dormir en su cama, rodeado de comodidades, como si nada hubiese pasado.
Ambos casos revelan un patrón: cuando se trata de delincuentes con poder económico, conexiones o la habilidad de poner bienes como fianza, la cárcel se convierte en un hotel con salida rápida. En cambio, la gente común, los que trabajan día a día y caen en desgracia, terminan cargando con todo el peso de la ley.
El mensaje que queda en la sociedad es peligroso: delinquir no tiene consecuencias reales en Paraguay. Se puede disparar contra policías, planear asaltos, encubrir criminales o matar en estado de ebriedad a un inocente, que tarde o temprano habrá un juez dispuesto a firmar la libertad domiciliaria.
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Es hora de exigir a fiscales y jueces que recuerden cuál es su misión: proteger a la ciudadanía, no garantizar privilegios a criminales. Mientras la justicia siga actuando con guantes de seda, la delincuencia seguirá creciendo con la seguridad de que el castigo, al final, será apenas un simulacro.
victor.barrera@abc.com.py