Además, plantean otros pedidos relacionados con servicios básicos como agua potable, rubro escolar y asistencia para el acompañamiento en la regularización de la ocupación de sus tierras ancestrales.
Entre las familias acampadas hay varios niños que ni siquiera están escolarizados, y que no cuentan con acceso a agua, sanitarios ni otros servicios básicos.
Todo esto ocurre a la vista de las autoridades. Hace unos meses, el propio obispo de esta ciudad, monseñor Pedro Collar, había señalado que las personas más vulnerables son las más afectadas por la falta de buen funcionamiento de las instituciones públicas. Incluso citó específicamente el caso de estos aborígenes que siguen sin recibir respuestas.
Tras varios meses de inacción, el viernes pasado un equipo interinstitucional abordó el problema de la misma manera de siempre: entregándoles algunos víveres y devolviéndolos a su comunidad, desde donde a los pocos meses vuelven, pues no reciben una solución definitiva.
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Lo más lamentable de este operativo es que terminó en un show mediático protagonizado por las propias autoridades, cuando la esposa del gobernador, Mirna Wolf, le propinó una cachetada al concejal departamental Aldo Barrios, quien la había increpado ante la falta de respuestas.
Esa cachetada refleja la falta de tacto de las autoridades para abordar temas tan sensibles como el de los pueblos originarios. Es evidente que el interés es tan superficial que las autoridades solo aparecen en estos casos para figuretear.
La deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas no puede seguir siendo maquillada con simples asistencias momentáneas. Se requiere una política pública seria, sostenida y respetuosa de los derechos humanos que brinde soluciones reales a las comunidades, garantizando su acceso a la tierra, a la educación, a la salud y al agua potable.
Mientras la respuesta siga siendo improvisada y coyuntural, el conflicto seguirá repitiéndose como un ciclo sin fin. Las comunidades indígenas merecen mucho más que discursos y apariciones mediáticas; necesitan voluntad política y compromiso institucional que estén a la altura de su dignidad y de sus legítimos reclamos.
tereza.fretes@abc.com.py