En la práctica, aunque la Constitución india de 1950 abolió el término, hay miles de castas en la India, organizadas según el oficio al que se dediquen y con tradiciones y prácticas religiosas comunes. Eso sí, las castas altas son las que ejercitan el control político y económico, mientras que las bajas tradicionalmente tienen exiguos recursos y efectúan diversas profesiones.
En relación a privilegio, esta palabra proviene del latín privilegium, que significa ley para una persona, o medida excepcional que atañe exclusivamente a un particular. Una prerrogativa.
El privilegio hace relación a aquella ventaja o favor especial que una persona o grupo goza por su posición social u otras características, y que no están disponibles para todos. A diferencia de los derechos, que son universales, los privilegios son a menudo consecuencia de la ley, las circunstancias o la sociedad, y pueden crear desigualdad. Hay veces, en la mayoría, que crean una “ventaja injusta”, lo que hace que sea objeto de creciente conflictividad política.
Viene al caso la aclaración de lo que se entiende por casta y privilegio a raíz de los ya acostumbrados exabruptos de cierto legislador, liberal que se autodefine, en relación a un proyecto de ley que hace a la protección a periodistas. Afirmó que de convertirse dicho proyecto en ley ello estaría dando pie a la creación de una casta de privilegiados, lo que revela una profunda confusión conceptual y una peligrosa banalización en particular del término “privilegio”.
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En efecto, tilda, por un lado, a los periodistas de ser una casta, y, por el otro, que de ser protegidos legislativamente ello sería un privilegio.
En tiempos donde la corrupción se normaliza, el sicariato silencia y el poder se incomoda ante la verdad, sostener que los periodistas son una “casta” por contar con garantías legales no solo es jurídicamente erróneo, sino éticamente peligroso.
Llamar “casta” a quienes incomodan al poder es una estrategia discursiva para deslegitimar su función. Es el mismo recurso que se ha usado históricamente contra jueces independientes, defensores de derechos humanos o académicos críticos. Es una forma de silenciar sin censurar, de estigmatizar sin prohibir.
Indudablemente el citado legislador es huérfano absoluto en distinguir lo uno de lo otro, aunque, en rigor de verdad, no es de tanta evidencia en relación a lo de los privilegios, ya que si algo caracteriza a casi todos los que por desgracia para la ciudadanía fungen de legisladores es de ser sostenedores de la cultura del privilegio, cuando de ellos se trate. Son quienes perpetúan un orden de ciudadanos de primera y de segunda categoría. Son ellos una clase privilegiada, quienes consagran, reproducen y potencian asimetrías o desigualdades propias de los privilegios, todo lo cual produce irritación e indignación al conjunto de la sociedad ante la continuidad de esos privilegios (seguros vip, jubilación corta, nepobabies, nepotismo, combustible, utilización para beneficios propios de bienes del Estado, rabonera sin sanción, oferta de votos, viajes de placer, viáticos, etc., etc).
Ahora bien, es bueno aclararle al ofuscado legislador que la protección de periodistas no constituye un privilegio, sino una medida de salvaguarda de derechos fundamentales, como la libertad de expresión, el acceso a la información y la integridad física.
La ética pública exige distinguir entre privilegios injustificados como los que detentan los políticos y protecciones necesarias para el ejercicio de derechos fundamentales. Equiparar la protección de periodistas con privilegios es una mentira peligrosa, que busca deslegitimar la demanda de garantías mínimas en un contexto de violencia creciente que existe en nuestro país.
Negarle protección al periodista en contextos donde el ejercicio del periodismo implica peligro de agresión, persecución o asesinato, la omisión legislativa equivale a complicidad institucional. Menoscabar la función del periodista que es quien se expone a informar, negándose a legislar en favor de la protección de este, mientras los legisladores se blindan con fueros, escoltas, viáticos y odiosos privilegios, representa la forma más acabada de casta: una élite cerrada, autorreferencial y resistente al escrutinio ciudadano.
La protección legislativa de los periodistas es fundamental. Recuérdese que son actores clave en el ejercicio de la libertad de expresión. Son quienes investigan y divulgan información sobre las acciones del gobierno y otros actores de poder enfrentando amenazas, acosos y violencia por parte de actores estatales y no estatales. Su función de vigilancia es vital para la transparencia, lo que ayuda a prevenir la corrupción y los abusos de poder. Son quienes contribuyen a la formación de una opinión pública informada, lo que es esencial en una sociedad democrática. El periodismo crítico es necesario para mantener una sociedad informada y sana. La ley que protege al periodista no otorgará beneficios personales o heredados o inmunidades arbitrarias sino un instrumento para ejercer la labor sin interferencias indebidas.
En una democracia sana, la prensa, los periodistas, no son una casta: son el contrapeso, una voz incómoda, un mecanismo de control social. Llamar “casta” a los periodistas por contar con garantías legales es una confusión conceptual y jurídica más aun en contextos donde la corrupción, el sicariato o el abuso de poder amenazan la verdad. Proteger al periodismo es proteger la democracia misma.
En definitiva, los periodistas no son una casta. Son guardianes de la democracia. Y si la ley los protege no es por ellos, sino por nosotros. Porque sin periodismo libre, la corrupción se oculta, la violencia se normaliza y la ciudadanía queda a oscuras, o es esto lo que pregona quien tilda de casta y privilegiados a los periodistas.
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