En la carta, Roa Bastos aclaraba que no había tenido la oportunidad de conocerlo en persona, pero que las noticias del Amambay llegaban hasta él a través de su pluma.
“No te conocía personalmente, compañero Santiago. Solo de tanto en tanto, en la lejanía del exilio, leía tus lejanas notas que me llegaban desde el Amambay, y comencé a admirarte como a un genuino representante de las nuevas generaciones”.
Más de 30 años después del asesinato del periodista, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado Paraguayo “responsable de la violación de los derechos de la vida y a la libertad de pensamiento y expresión en referencia al caso Leguizamón, como también fue responsable de la violación de los derechos a las garantías judiciales y de protección judicial”.
A su vez, uno de los párrafos de la sentencia indica la “necesidad de ordenar al Estado que impulse la aprobación del Proyecto de Ley ‘sobre Libertad de Expresión, Protección a Periodistas, Trabajadores de Prensa y Defensores de Derechos Humanos’”, que actualmente se encuentra en trámite”.
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Luego de más de dos años de trabajo para lograr que esta ley sea tratada y aprobada por el Congreso, una muralla autoritaria se levanta contra la iniciativa a través de argumentos absurdos, como por ejemplo, que los periodistas buscamos ser parte de una casta.
Y no. Ni queremos formar una casta y tampoco creemos que nuestras vidas valgan más que la de cualquier ciudadano de esta Nación; lo que ya no queremos es que otro comunicador sea blanco de la brutalidad por denunciar a los mafiosos cuyo poder ha escalado tanto, hasta influir en puestos de decisión.
Luchar por la sanción de la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, es nuestro compromiso como colegas de Santiago y es, además, nuestra forma de seguir rindiéndole homenaje; tanto a él, como a los compañeros que decidieron seguir sus pasos y hoy ya no están entre nosotros.
El Congreso tiene en sus manos la posibilidad de reparar el daño y evitar futuras condenas al Paraguay, otorgando verdaderas herramientas de protección a los periodistas y personas defensoras de derechos humanos, tal como plantea la iniciativa y no ceñirse a la intención oficialista de cercenar el proyecto haciéndolo poco útil para los fines que persigue.
De no hacerlo, quedará patente la incomodidad que sigue generando el periodismo crítico en aquellos que prefieren seguir operando en las sombras y a espaldas del pueblo; un pueblo que en democracia, mínimamente merece estar informado.