Se trata de un Ministerio que paga millones a empresarios del sector médico nacional e internacional, pero no tiene para enfermeros, camilleros, médicos, equipos e insumos, que no hay y que hacen la diferencia entre la vida y la muerte en servicios públicos de referencia.
Padres de una bebé denunciaron que en el Hospital Regional de Villarrica, su pequeñita falleció esperando un cardiólogo pediátrico y una ecocardiografía. “El único cardiólogo estaba en Caazapá y no podía dejar su puesto”, dijo la tía. Mientras, en Ciudad del Este, una joven recorría hospitales, demorando una semana para una atención médica básica por influenza. Y un paciente cardiaco, con arritmia, está haciendo polladas para someterse, en un hospital de Brasil, a una ablación por radiofrecuencia. Nadie le avisó que el Ministerio de Salud firmó un convenio con el Instituto Cardiológico de Corrientes, Argentina, que supuestamente es solo para paraguayos que requieran de ese procedimiento médico.
De hecho, nadie sabía de este convenio mediante el cual el gobierno de Santiago Peña, en vez de poner equipos e insumos para realizar estas cirugías en el país, resolvió pagar por ellas al instituto argentino. La Sociedad Paraguaya de Cardiología y Cirugía Cardiovascular lo denunció, sumándose al Círculo Paraguayo de Médicos, que desde hace meses viene denunciando la inauguración de hospitales públicos que en verdad son “cascarones” donde los servicios, tercerizados, son manejados por consorcios médicos privados.
El senador Rafael Filizzola denunció una “privatización” silenciosa” de la salud pública y habló de un acuerdo con el consorcio Conofta, por US$ 28.3 millones, para la realización de cirugías oftalmológica en hospitales públicos. Los médicos de Salud Pública operarán con equipos prestados, en comodato, pero los costos de cada procedimiento son ampliamente más altos que los que hay en el sector privado, afirma.
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Es en verdad escalofriante cómo el Ministerio de Salud, a cargo de María Teresa Barán, está tercerizando -sin admitir que es una tercerización y por millones de dólares- los servicios médicos públicos. Y ya no se puede decir que sea una mera decisión de la ministra, porque pese a las insistentes denuncias, Santiago Peña la mantiene en el cargo, confirmando que en verdad, la interposición de los negocios en favor de una claque es una política de este gobierno peñista-cartista, así en la Educación, como en la Salud Pública.