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En agosto del 2018, el ambiente político estaba caldeado, pues el entonces diputado José María Ibáñez salió impune de un juicio político, al ser salvado por sus pares. En la Cámara Baja, se había pasado por alto que Ibáñez utilizó los fondos públicos para pagar los sueldos de los trabajadores de su quinta en Areguá.
Cuando nuestros legisladores tomaron la decisión de mantener a Ibáñez en el poder, el grupo de Ciudadanos Autoconvocados Comisión Escrache (CACE) no se rindió y optó por salir a las calles. Sartenes, huevos podridos y papel higiénico, acompañados del himno “¡Fuera Ibáñez!”, fueron las armas que utilizaron nuestros compatriotas esa noche frente a la casa del diputado, obligándolo así a renunciar a su banca en la Cámara Baja.
Tiempo después los escraches tomaron como objetivo a los senadores Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, quienes se vieron obligados a sacarse la investidura parlamentaria.
A partir de estas victorias ciudadanas, salta la pregunta ¿podemos contra el mal funcionamiento y la corrupción de nuestro sistema político? Al parecer, la respuesta es sí ya que, desde entonces, el grupo CACE no paró con las protestas y los escraches a las autoridades implicadas en irregularidades, expulsando del poder hasta a los peces más gordos. Víctor Bogado es otro legislador al que la justicia encontró culpable de cobro indebido de honorarios y, a pesar de que ya han transcurrido varios días desde la sentencia, ayer finalmente fue expulsado del Senado. Bogado utilizó los fondos públicos para pagar el sueldo de la niñera de sus hijas, Gabriela Quintana, a quien hizo figurar como funcionaria en forma simultánea en el Congreso y en Itaipú; aunque este legislador se benefició con la suspensión de pena, deberá abonar G.480 millones para no ir a prisión.
Expectante a la medida de la Cámara Alta, el grupo CACE hizo un llamado a la población para esperar y fiscalizar, frente al Congreso, la pérdida de investidura de Víctor Bogado. Por otro lado, el futuro del mencionado legislador ya estaba decidido y debido a la presión de los ciudadanos, Bogado se convirtió en el cuarto legislador expulsado del Parlamento.
No es en vano que el presidente de la República reciba el título de mandatario, persona que sirve y representa al mandante, que en este caso es el pueblo, pues como lo establece nuestra constitución, los legisladores también deben estar para trabajar por la ciudadanía y no gozar a costa de ella. La condena y el derrocamiento de Bogado son solo una prueba más de que si todos nos sumamos a este lucha, sanearemos el Congreso de aquellos que lo ensucian.
¡Despertate! Tu voz puede marcar la diferencia; animate, pues como ciudadanos debemos exigir justicia o, de lo contrario, nuestros fondos se despilfarrarán en manos de niñeras o caseros de oro.
Por Rebeca Vázquez (18 años)