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Un comitiva Anticorrupción allanó ayer, martes, la sede de la Industria Nacional del Cemento (INC) en Villeta, ante un presunto caso de venta irregular de cemento.
La fiscala Ruth Benítez, interventora por parte del Ministerio Público, dio detalles esta mañana en ABC Cardinal sobre el caso. Según mencionó, un esquema de funcionarios se dedicaba a la venta ilegal de importantes cantidades de bolsas de cemento, saboteando el sistema informático de la INC.
“El modus operandi era de la siguiente manera: una empresa va y adquiere bolsas de cemento y lo paga en las oficinas de Asunción, pero esas bolsas no son retiradas en el mismo día porque ese es el procedimiento a seguir. Sale un listado con las fechas y las horas en donde el camión de la empresa adquiriente debe ingresar a la planta para el retiro de las bolsas. Ese listado lo manejan ciertos funcionarios”, contó.
“Pongámoslo de la siguiente manera: empresa Las Marías (nombre ficticio) pagó por 600 bolsas y le fijaron el miércoles para retirar; sin embargo, como ya se tiene una lista previa, estos funcionarios llevaban sus camiones un día antes de la fecha prevista como empresa Las Marías y retiraban dichas bolsas, luego lo borraban del sistema. Es decir, en lugar que salieran 600 bolsas por las que se pagó, salieron de la planta unas 1.200 bolsas. Estamos hablando de lesión de confianza”, prosiguió.
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“Grandes compradores” de las cargas vendidas irregularmente
Agregó que el esquema delictivo se dedicaba a realizar este tipo de sustracción irregular con importantes cargas, que involucran a “grandes compradores”, entre los cuales figuran también constructoras.
La agente del Ministerio Público, en ese sentido, indicó que podrían ser procesados los compradores de las cargas retiradas de forma irregular, en caso de que estos estén en conocimiento de que ello era ilegal. No pudo precisar, por la incipiente investigación, quiénes fueron los que adquirieron estos cargamentos.
“Si demostramos que ellos estuvieron en conocimiento de este hecho antijurídico, por supuesto que sí (consultada sobre responsabilidad de empresas compradores de cemento). Si demostramos autoría o participación, tendrán sanción correspondiente”, expresó.
Seis funcionarios son los involucrados “hasta el momento”
Benítez, asimismo, detalló que hasta la fecha son seis los funcionarios que están siendo procesados por este caso, los cuales operaban en las básculas, depósitos y en embalse. No obstante, afirmó que no descartan la participación de altos jefes de la INC.
“No podemos descartar nada. Tenemos identificados a unos cuantos funcionarios, pero estoy segura que estas personas no podían hacer todas estas operaciones sin una autorización de superiores”, mencionó.
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Igualmente, la fiscala refirió que espera que los funcionarios procesados cooperen con la investigación y delaten a sus superiores si estos fueron involucrados. Estos aún están siendo investigados y no fueron detenidos, conforme reveló.
¿Cuánto dinero perdió la INC?
Con relación al perjuicio patrimonial que habría sufrido la Industria Nacional del Cemento, la fiscala señaló que es aún difícil precisar un monto y que esto se determinaría mediante un peritaje que se iniciaría con la investigación. Sin embargo, refirió que el promedio de retiro ilegal era de 600 bolsas por vez.
“Debemos hacer un control cruzado entre el sistema de control e imágenes del circuito cerrado para identificar a los camiones que salieron de la planta y cuántas bolsas llevaron. Es difícil determinar en este momento el perjuicio patrimonial”, mencionó.
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Así también, precisó que si bien la denuncia presentada ante la Policía por el titular de la INC, Ernesto Benítez, refiere una venta ilegal desde el 26 hasta el 30 de marzo, dicho esquema delictivo habría operado ya desde el año pasado, conforme a testimonios colectados por la Fiscalía, por lo que el perjuicio patrimonial al ente sería importante.
En cuanto a los delitos cometidos en el caso, mencionó lesión de confianza, además de alteración de datos, acceso indebido, sabotaje y estafa a través de sistema informático. También mencionó que no se descarta la comisión de lavado de dinero.
Este caso se suma que la INC había entrado meses antes en una crisis de producción por la falta de clínker, lo cual comprometió su sustentabilidad económica.