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La investigación y los procedimientos legales en este caso estuvieron a cargo de la agente fiscal Reinalda Palacios Jara, quien, tras recabar pruebas y realizar una exhaustiva investigación, presentó un pedido formal ante el Juzgado Penal de Garantías. La solicitud de prisión preventiva se fundamentó en las evidencias recopiladas que implicaban al acusado en un perturbador acto de zoofilia.
El Juzgado dispuso además la remisión del sindicado a la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero como medida cautelar para garantizar que no haya obstrucciones en el proceso legal.
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El hecho de zoofilia está tipificado como delito y tiene una sanción de hasta dos años de cárcel o multa, conforme a la legislación vigente.
La comunidad de Pedro Juan Caballero sigue de cerca este caso y ha expresado su repudio a este tipo de conductas aberrantes. Activistas que trabajan en la protección de animales calificaron la resolución como un paso en la dirección correcta para garantizar que se haga justicia y se protejan los derechos de los animales.