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En la mañana de este viernes, cuatro personas, incluida la que era funcionaria de la Cámara de Diputados, la colorada Anadelia Acosta Armoa, recibieron sus imposiciones de medidas. Todos accedieron a medidas alternativas a la prisión.
Están procesados por el millonario despojo a dos familias de Caaguazú que tenían que acceder a G. 400 millones, porque sus familiares fueron electrocutados con conexiones de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
La fiscala que indaga el hecho, Norma Salinas, dijo en ABC AM 730, que tuvo conocimiento de que tres personas hablaron en una radio y que habrían aportado datos relacionados con esta causa y que tuvieron aparentemente cierta participación. “Analizaremos las grabaciones y qué hechos punibles se configurarían”, remarcó.
Explicó que se tomará este fin de semana para escuchar atentamente, porque hablaron en un programa que duró tres horas.
Dos de las que hablaron, son mujeres y una tercera persona actuó supuestamente de nexo para que los imputados obtengan el poder con el que hicieron de “gestores”.
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Hija de escribano de Ybycuí, en la mira
María Elena Caballero, es hija del escribano Mario León Caballero, de la localidad de Ybycuí. Salinas comentó que esta mujer tendría otros procesos sobre ella, pero desconoce si tiene registro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que avale que sea escribana.
Sobre el procedimiento del poder general, la investigadora no sabe aún si ese proceso se hizo en Ybycuí o en Caaguazú. “No se entiende por qué usa la hoja de escribanía del padre, que según detalló está muy enfermo y usa marcapasos.
Los G. 125 millones siguen desaparecidos
Con relación al monto de G. 125 millones que faltan conocer su paradero, la fiscala señaló que no tiene conocimiento de su devolución. Se reafirma en que esa suma es de la ANDE.
En cuanto al acuerdo privado con las familias afectadas, y que fue posterior a las imputaciones, ellos (los procesados) se reafirman en que tiene validez.