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José Francisco Ljubetic Arréllaga (73) y los abogados Willian Roberto Bogarín Campuzano e Ilsa Marisela Paredes (39), en el marco de la presunta red que despojó de US$ 1.600.000 a menonitas, fueron imputados ayer por la supuesta comisión de los hechos punibles de estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.
La abogada Gessy Ruiz Díaz, quien asumió la defensa de los menonitas, refirió que temen que el caso quede impune, considerando la relevancia política de Bogarín Campuzano, quien es operador político colorado.
“Nosotros en el transcurso de la semana vamos a estar asumiendo la querella correspondiente para controlar todos los actos que estos magistrados puedan estar realizando a estos expedientes porque tememos que la presión política pueda más y que busque la impunidad en el caso”, declaró.
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Estafa a menonitas: no descartan injerencia política
Inclusive, la abogada no descartó que haya políticos y figuras del poder que estén metiendo presión al sistema judicial para lograr la impunidad de los procesados.
“No podemos descartar que, atendiendo el cargo de relevancia que ha tenido esta persona (Willian Bogarín) dentro del Congreso, también existirían políticos o personas vinculadas a mucho poder que estarían, incluso, gestando algún tipo de presión a magistrados y fiscales. Estas personas se muestran de forma prepotente. Tememos que este caso quede impune, pero nosotros estamos firmes”, mencionó.
Bogarín Campuzano es un conocido operador político del Partido Colorado. Incluso, trabajó, en una chapa en conjunta en la que se postulaba para titular de seccional, con la actual diputada Jazmín Narváez (ANR-HC).
Cuestiones llamativas en torno al Poder Judicial
Ruiz Díaz, asimismo, resaltó que hay cuestiones llamativas relacionadas con el Poder Judicial que giran en torno al caso, que no descarta que la red de estafa haya incurrido en la producción de documentos oficiales de contenido falso, con la participación de actores de dicha instancia del Estado.
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Refirió que, con la documentación que le han ido suministrando, se demuestra que los procesados montaron expedientes judiciales para sostener el engaño —y pedir dinero por gestiones— desde el 2017.
Mencionó que existe una resolución del juez de Primera Instancia de Villa Hayes, Gustavo Martínez, referente a un interdicto de reposición de posesión, a favor de las víctimas, sobre las tierras a las cuales los menonitas nunca habían tenido tenencia.
Dicha resolución, incluso, derivó en la apertura de una causa contra el magistrado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), según reveló.
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Audiencia de imposición de medidas
Esta mañana se lleva adelante la audiencia de imposición de medidas contra los imputados en la jurisdicción judicial de Santa Rosa del Aguaray. La Fiscalía solicitó arresto domiciliario para Ljubetic, por su edad y estado de salud, mientras que prisión preventiva para los dos abogados.