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El articulador del magnicidio de Marcelo Pecci, Francisco Luis Correa Galeano, colombiano, de 45 años de edad, fue asesinado el viernes de madrugada en la celda 25 del pabellón 32 de la cárcel del barrio La Picota, en la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia.
Su muerte causó sorpresa debido a que prácticamente nadie sabía que estaba alojado en una prisión estatal, ya que en teoría Correa debía estar recluido en el búnquer de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá.
De hecho, diversos sectores políticos, principalmente opositores, acusaron al Gobierno de Gustavo Petro de haber vendido a Francisco Correa a la mafia.
Resulta que Correa era oficialmente un testigo protegido de la Fiscalía de Colombia. Gozaba de un principio de oportunidad y de una inmunidad parcial en el caso Pecci, gracias a las delaciones que hizo y que llevaron a las condenas de los financistas.
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El acuerdo que hizo Correa con la anterior administración de la Fiscalía de Colombia incluía el perdón que le concedieron por el delito de homicidio agravado y la condena de solo 6 años y 6 meses que le impusieron solo por los hechos de porte ilegal de arma de fuego y amenaza contra un servidor público.
Es decir, básicamente, a cambio de colaborar, a Correa le perdonaron el delito más grave, por el que podría haber sido sentenciado a por lo menos 50 años de cárcel, y lo castigaron por hechos menores, simplemente para no dejarlo completamente impune.
La principal condición que puso Correa en su momento para hablar fue justamente que lo dejaran encerrado en el búnquer de la Fiscalía, donde era una especie de preso vip.
Allí debía completar su exigua sentencia, pero inesperadamente lo trasladaron a la cárcel pública justo antes de Navidad y lo liquidaron en poco más de una semana.
Procuradoría al Inpec
Ese sospechoso traslado, que habría sido en realidad premeditado, fue reclamado por la Procuraduría General de la Nación de Colombia al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), que ahora debe dar explicaciones y detallar quién ordenó la salida de Correa del búnker de la Fiscalía.
De hecho, el Inpec tuvo que emitir después un comunicado a la opinión pública, en el cual simplemente se limita a relatar los hechos.
El abogado Francisco Bernate Ochoa, quien es representante de víctimas en el caso Pecci, fue otro de los que responsabilizó también al Estado colombiano de la muerte de Correa, por permitir que lo llevaran del búnker al penal donde lo silenciaron.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, al menos hasta ayer no se había pronunciado sobre el crimen en la cárcel de La Picota.
Su participación
El asesinato del fiscal de Crimen Organizado de Paraguay, Marcelo Daniel Pecci Albertini, de 45 años de edad, se produjo el 10 de mayo de 2022 en Colombia.
El ahora también fallecido, Francisco Luis Correa Galeano, fue detenido el 3 de junio de 2022 en la ciudad de Medellín y automáticamente confesó haber sido el articulador del crimen, es decir, el organizador del magnicidio.
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Ese mismo día también cayeron los demás implicados que fueron contratados justamente por Correa Galeano.
Se trata del transportista Eiverson Adrián Zabaleta Arrieta, los marcadores Marisol Londoño Bedoya y Cristian Camilo Monsalve Londoño y uno de los sicarios, Wendre Stil Scott Carrillo.
El otro sicario, Gabriel Carlos Luis Salinas Mendoza, fue arrestado en su país, Venezuela, el 20 de diciembre de aquel mismo año 2022.
Posteriormente, cayeron los hermanos Andrés Felipe Pérez Hoyos y Ramón Emilio Pérez Hoyos, el 14 de enero de 2023.
La última capturada fue Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, el 18 de enero de 2023 en El Salvador, tras lo cual la deportaron a Colombia.
Entrevistas en prisión
Desde que están presos, casi todos los asesinos de Pecci concedieron entrevistas a medios de comunicación.
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Andrés Felipe Pérez hoyos, por ejemplo, el año pasado había declarado al programa Los Informantes del canal Caracol de Colombia que en su momento quiso contar quiénes lo contactaron desde Paraguay, pero que la Fiscalía de Colombia no quiso escucharlo.
También adelanto que él ni los otros nunca abrirían la boca porque el grupo que mandó a matar a Pecci es una “multinacional del crimen” y podría también eliminarlos.