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El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, como representante legal del diputado renunciante Orlando Arévalo (ANR-HC), presentó una denuncia contra el juez penal de Garantías de Asunción Osmar Legal ante la Fiscalía General del Estado, en el marco del escándalo denominado #LaMafiaManda, en que se publicaron chats del denunciante con su colega fallecido Eulalio “Lalo” Gomes.
En el documento se señala que el juez Legal incurrió en prevaricato, aunque se aclara que se podrían agregar otros hechos punibles que puedan surgir en la eventual investigación fiscal.
Arévalo acusa al magistrado de violar el debido proceso como el derecho a la defensa al acceder, según alega, de forma indebida al peritaje del celular del diputado fallecido, mediante un anticipo jurisdiccional de pruebas que —indica— correspondía al Ministerio Público.
Agrega que, recién una vez que se publicaron los chats, Legal “simuló” una audiencia de apertura a los dispositivos con las partes involucradas.
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Violó debido proceso para beneficio personal
El denunciante subraya que Legal “ignoró abiertamente” el debido proceso para que, ante ello, “prevalezca su bienestar personal”.
“A causa de una decisión judicial que violó las garantías del debido proceso —en favor de una parte (juez) en desmedro de las otras dos (defensa y Fiscalía)— fue publicado por los medios de prensa y gracias a la intervención de un juez de garantías como supuesto participante de hechos punibles”, mencionó.
En primera instancia, el denunciante menciona al juez como “supuesto” responsable de la filtración de los chats que fueron publicados en la prensa; sin embargo, en otros puntos de la denuncia, lo acusa directamente de haber sido quien entregó la información a los medios de comunicación.
“Accedió al contenido de los equipos incautados indebidamente y, rompiendo la cadena de custodia, decidió que la extracción era definitiva e irrepetible y el resultado lo utilizó en su provecho y los entregó a los medios de prensa antes de convocar a una audiencia para que las defensas y el Ministerio Público accedan a ellas”, refiere en la denuncia.
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Fiscalía, “pasiva” ante chats filtrados
Arévalo también resalta que la Fiscalía, pese a ser una de las partes afectadas por el supuesto actuar irregular de Legal, mantuvo una “posición pasiva” al no interponer ningún tipo de recurso en contra del magistrado “que se extralimitó en sus atribuciones”.
Según el cartista, existen evidencias suficientes para que el juez sea investigado por el hecho punible que lo acusan en la denuncia.
Asimismo, la defensa del diputado cartista renunciante anunció que se presentará una denuncia del mismo tenor ante la Superintendencia de Justicia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
En ese sentido, el representante legal de Arévalo solicita a la Fiscalía estar atenta ante el resultado de alguna diligencia hecha por la Superintendencia de Justicia para sumarlo a una eventual investigación que realizara.
