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En comunicación con ABC Cardinal este jueves, la fiscala Belinda Bobadilla, quien investiga el caso de estafa masiva conocido como “mafia de los pagarés”, habló de los avances en la investigación y la situación de las víctimas, muchas de las cuales sufrieron el embargo de sus salarios, medidas que la Corte Suprema de Justicia rechazó anular.
“Mafia de los pagarés” se refiere a un esquema delictivo compuesto por casas comerciales, juzgados y abogados que perjudicaba económicamente a trabajadores por medio de la manipulación de pagarés con el objetivo de cobrar deudas en forma abusiva.
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El esquema tenía varias modalidades, entre ellas la sustracción de pagarés que la víctima nunca retiró para volver a cobrar deudas ya honradas, el “invento” de pagarés que el afectado nunca firmó para cobrar deudas inexistentes o el cobro de deudas infladas.
Muchas de esas acciones irregulares resultaron en procesos judiciales en los que se dictó el embargo de los salarios de las víctimas, muchas de las cuales solicitaron que la Corte Suprema de Justicia intervenga y suspenda los embargos.
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Sin embargo, la máxima instancia judicial rechazó esos pedidos con el argumento de que esa instancia no puede intervenir y levantar medidas dictadas en un juicio ejecutivo, que solo pueden ser levantadas por el mismo juez que las dictó.
“Parece hasta malévolo”
“El sistema que rige el proceso civil es el dispositivo que requiere la instancia de las partes. Los jueces no pueden disponer nada de oficio en un sistema dispositivo de esta naturaleza, la Corte estaría resolviendo en carácter administrativo y una decisión administrativa no podría tener efectos sobre un proceso judicial”, explicó la fiscala Bobadilla.
La agente fiscal admitió que “parece hasta malévolo lo que sucede con las víctimas”, ya que la serie de imputaciones a los supuestos implicados en el esquema de estafa “no les da una solución” en sus distintos procesos.
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Añadió que, en busca de una solución, el Ministerio Público está trabajando con el Ministerio de la Defensa Pública para “ver mecanismos concretos en cada proceso, a medida que (las víctimas) se presentan.
Sin embargo, señaló que ese esfuerzo también se ve obstaculizado por el hecho de que muchas víctimas del esquema probablemente ni siquiera saben que existen juicios en su contra.
Explicó que la Fiscalía incautó unos 2.700 expedientes de procesos contra víctimas de la “mafia de los pagarés”, de los cuales la mayoría aún estaba finalizando la etapa de preparación ejecutiva, que se realizó sin informar a los deudores. Solo “algunos pocos” llegaron a juicio ejecutivo y en esos casos los afectados no recibieron notificaciones de intimación de pago o de embargo.
Señaló que algunas víctimas solo tomaron conocimiento de los procesos en su contra cuando se percataron del embargo de sus salarios.
La fiscala dijo que Defensa Pública está “buscando localizar” a las víctimas para brindarles asesoramiento técnico para solicitar la anulación de los embargos y que los jueces interinos están dando prioridad a esas personas.