Los agentes de la Policía Nacional (PN) encarcelados por el escandaloso caso de supuesta extorsión son el suboficial ayudante Fabio Caballero Zárate, de 30 años, y el suboficial ayudante Carlos Daniel Franco Vázquez, de 23 años, quienes prestaban servicios en el Grupo Lince.
Ambos fueron detenidos en una operación de entrega vigilada en el destacamento del Grupo Lince en el predio de la Expo, donde debían recibir la plata de la supuesta coima, aunque al final esa acción no se ejecutó porque los uniformados pillaron que habían sido denunciados.
El fiscal de Mariano Roque Alonso, Itálico Adriano Rienzi González, imputó contra los efectivos por los hechos punibles de privación de libertad, cohecho pasivo agravado, extorsión y coacción grave.
La jueza de Luque, Jennifer Natalia Insfrán Morán, admitió la imputación y decretó la prisión preventiva de los dos suboficiales en el cuartel de la Agrupación Especializada, donde ingresaron en la tarde de ayer miércoles.
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Lo que dice el acta de imputación por supuesta extorsión y otros delitos
El acta de imputación dice que los hechos atribuidos a los policías se produjeron en la mañana del 7 de abril pasado sobre la calle Dominicana, en las inmediaciones de la pescadería Remanso y la arenera Remanso de la ciudad de Mariano Roque Alonso.
Supuestamente, los dos efectivos “detuvieron a Marciano Bóveda Aguilera (víctima), quien estaba a bordo de su motocicleta y se encontraba cobrando cuotas a sus clientes por sus productos ya que el mismo se dedica a la venta de mercaderías varias sobre pedido (macatero)”.
En un momento dado, los suboficiales del Grupo Lince se posicionaron con su motopatrulla al lado del biciclo del macatero y le ordenaron que detuviera la marcha.
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Las exigencias de los agentes del Grupo Lince, según la denuncia
“La víctima les entregó todos sus documentos, incluso sus tarjetas de cobro, luego de revisar todas las tarjetas de cobro de sus clientes le dijeron vos trabajas en usura, vos sos usurero. La víctima explicó que es macatero. No obstante, lo trasladaron hasta su base policial, ubicada al costado del aeropuerto, en el barrio Complejo Habitacional San Blas de la ciudad de Mariano Roque Alonso, lugar donde lo mantuvieron incomunicado mientras le referían que si quería trabajar tranquilo, debía pagarles la suma de seis millones de guaraníes por cinco años y que mientras no entregaba ese monto iba a permanecer demorado en ese lugar”.
El macatero tuvo que llamar a sus familiares para que juntaran el dinero exigido por los uniformados, aunque “durante todo el tiempo que lo mantuvieron en cautiverio, Caballero (uno de los policías) le despojó de su aparato celular escuchando cada mensaje y audio en voz alta que la víctima recibía”.
La imputación dice también que los policías le permitían al macatero que enviara mensajes solo a sus familiares “no permitiéndole hablar con nadie más, diciéndole que era es su última llamada”.
Como la plata no apareció, los policías liberaron al macatero con la condición de que al día siguiente se hiciera el pago.
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“Siendo las 12:30, los dos uniformados hicieron firmar a la víctima un acta de procedimiento a la cual la víctima sacó una foto y les dijo que no estaba de acuerdo con lo que estaba escrito en la parte donde decía que el mismo intentó escapar”, según el relato contenido en el documento.
“Los policías, luego de liberarlo, le dieron tiempo hasta el día siguiente hasta las 08:30 ó las 09:00 para que les acerque el dinero en el mismo lugar donde lo retuvieron. Menciona que durante el tiempo que lo mantuvieron en cautiverio ingresaron dos personas más, oficiales también del Grupo Lince, pero que no se metieron con la víctima, pero que presume que pudieron escuchar lo que estaba pasando”, puntualiza el escrito.