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Los agentes de la Policía Nacional procesados por este nuevo escándalo de corrupción son el oficial segundo Wilson Ramón Ovelar Larroza, de 27 años, oriundo de Itacurubí de la Cordillera, y el suboficial inspector Ramón Troadio Samaniego Cabañas, de 36 años, oriundo de Quyquyhó.
Según la imputación presentada por la fiscala María Verónica Valdez Rivas, el 18 de febrero de 2024 los dos policías estaban como patrulleros de la comisaría 23° del barrio Zeballos Cue de Asunción cuando intervinieron en un accidente de tránsito que involucró al motociclista Nicolás Esequiel Invernizzi Cano, en ese entonces de 25 años.
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Aparentemente, los uniformados hallaron en poder del accidentado seis moñitos de cocaína y una porción mediana de marihuana.
Entonces lo llevaron a su comisaría, donde le habrían exigido G. 10 millones para liberarlo sin comunicar a la Fiscalía de Narcotráfico. Un cuñado y una concuñada de Nicolás también habrían sido amenazados.
Como los civiles no lograron juntar la plata, los policías comunicaron el hecho a las autoridades competentes, aunque en paralelo las víctimas denunciaron el apriete.
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De hecho, a causa de ese informe elevado por la Policía Nacional, el Ministerio Público abrió una causa penal contra Nicolás a cargo del entonces fiscal de Narcotráfico Osmar Alberto Segovia Jara.
La imputación, un año después
Ahora, un año después, la Fiscalía imputó a los agentes por extorsión y cohecho pasivo agravado (coima).
El juez Osmar David Legal Troche los convocó para el 28 de abril próximo para la audiencia de imposición de medidas. De momento, los dos policías ni siquiera están presos.
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Uno de ellos, el oficial Wilson Ovelar, ya había sido imputado en 2023 por el fiscal de Luque, Jorge Raúl Escobar Lara, por el apriete a un músico y su novia.
Aquel caso incluso fue derivado a la Fiscalía de Derechos Humanos, pero extrañamente no figura en los antecedentes del oficial.