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La agente fiscal Karina Caballero Hellion, de la Unidad Penal Barrial n.º 8, presentó imputación en contra de miembros de la Comisión Directiva de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), funcionarios públicos, auxiliares de justicia y representantes de casas de crédito, sindicados como presuntos responsables del desvío y uso indebido de los fondos de la asociación, correspondientes al periodo 2019-2023, cuyo perjuicio patrimonial asciende a G. 5.541.026.492, conforme a la auditoria practicada.
Estas personas se encuentran investigadas por los hechos punibles de apropiación, lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, producción de documentos no auténticos y prevaricato, en calidad de autores, instigadores o cómplices.
Los investigados son: Arnaldo Rafael Maciel Riveros, Wilma Mercedes Cabrera, Blas Emilio Mora Jiménez, quien se desempeñó como administrador de la asociación en el periodo comprendido entre los años 2019 a 2022, Pedro Adolfo Olmedo Caro, Gustavo Adolfo Díaz Cardozo presidente y gerente general de la firma SERFIN S.A., Gustavo Omar Cartes Araújo, presidente de la firma PRESTO S.A., María Belén Cartes Berino, directora titular de la firma PRESTO S.A., Víctor Nilo Rodríguez Acosta juez de Paz de la Recoleta, Gloria Isabel Morínigo Gill, actuaria judicial del Juzgado de Paz de la Recoleta, Ingrid Natalia Macarena Prette Goldenberg, ujier notificador del Juzgado de Paz de la Recoleta y Rosa del Pilar Lezcano Correa, actuaria del Juzgado de Paz de La Recoleta.
Conforme a la denuncia promovida por los socios en contra de los directivos, los descuentos efectuados sobre sus salarios para el pago de créditos obtenidos de distintas casas de crédito, con intermediación de la asociación, no fueron destinados a la cancelación de los préstamos aprobados por diversas entidades crediticias, desconociendo el destino de dichos fondos.
Asimismo, los socios reclaman la desaparición de sus aportes y cuotas sociales de las cuentas de la asociación, y denuncian irregularidades en la administración del patrimonio de la entidad, lo cual ha causado un daño patrimonial a la misma.
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Los hechos investigados habrían tenido lugar en la sede de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional, así como en el Juzgado de Paz de la Recoleta y desarrollado en un periodo comprendido entre los años 2020 y 2024, inclusive.
Se presume que los miembros de la Comisión Directiva de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional de Promoción Profesional, correspondiente al periodo 2019- 2022, podrían ser responsables de la comisión de hechos punibles consistentes en la apropiación indebida y el desvío de fondos pertenecientes a dicha asociación.
Asimismo, existen sospechas fundadas de que los mismos habrían desviado y apropiado descuentos salariales que debían ser destinados al pago de cuotas de créditos gestionados mediante la intermediación de la asociación. También se presume que hubo una administración irregular de las cuotas sociales, aportes de los asociados y del patrimonio institucional.
Se sospecha que entre los años 2020 y 2022, representantes legales y directivos de casas de crédito, entre ellas SERFIN S.A. y PRESTO S.A., habrían adulterado fechas de emisión y vencimiento de pagarés ya cancelados, para ser utilizados fraudulentamente en procesos ejecutivos ante los juzgados de Paz.
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Se presume que los abogados apoderados de dichas casas de crédito hicieron uso de documentos con fechas alteradas y gestionaron notificaciones irregulares, incluso dejando constancias falsas en los expedientes judiciales sobre supuestas diligencias en domicilios laborales, incurriendo en manifiestas violaciones al debido proceso. Una vez vencido el plazo para comparecer y reconocer firma, habrían solicitado la aplicación de apercibimientos y la continuación del proceso en rebeldía, pese a conocer las irregularidades.
Retención de aportes con descuentos automáticos
Conforme a las condiciones contractuales pactadas, la asociación asumía la calidad de deudora principal y tenía la obligación de retener los importes correspondientes a través de descuentos automáticos en los haberes mensuales de los socios, remitiendo posteriormente dichos montos a las entidades acreedoras mediante planillas de liquidación.
No obstante, a pesar de que muchos de estos créditos ya se encontraban íntegramente cancelados según los registros de descuentos salariales, las casas de crédito iniciaron acciones judiciales contra los asociados —y no contra la asociación— sin efectuar previamente una verificación razonable de la existencia de mora o incumplimiento.
La consecuencia de esta conducta ha sido la constitución de un negocio jurídico irregular, cuya operatoria ha generado daños patrimoniales directos a más de 200 asociados, quienes fueron inducidos a contratar créditos bajo condiciones opacas y perjudiciales. En consecuencia, las acciones ejecutivas interpuestas sobre pagarés presuntamente cancelados constituyen maniobras judiciales de doble cobro, que podrían encuadrarse en la figura de fraude procesal, en perjuicio de los trabajadores afectados.
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Los hechos detallados revelarían una afectación estructural y sostenida del patrimonio de la asociación, cuyo perjuicio ascendería, conforme a la auditoria practicada, a G. 5.541.026.492.