Raúl Bogarín, quien también es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), considera que reducir la edad de imputabilidad sería un grave retroceso, según manifestó ante la 780 AM.
Además, destacó que, según las estadísticas, los delitos graves cometidos por adolescentes son poco frecuentes, predominando aquellos de carácter patrimonial o de menor gravedad.
El abogado insiste en que el análisis debe centrarse en las condiciones sociales que llevan a los adolescentes a delinquir y en el rol que debe asumir el Estado.
“Si ante la falta de políticas públicas respondemos con castigos y represión, solo repetiremos errores del pasado”, advirtió ante la mencionada radio.
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Justicia especializada y enfoque de protección
Bogarín recordó que Paraguay está comprometido internacionalmente a aplicar un enfoque de protección integral para los adolescentes en conflicto con la ley, diferente al que se aplica a los adultos. En ese contexto, explicó que las sanciones a menores —llamadas “medidas”— tienen una función educativa y de reintegración, no punitiva.
Destacó que esta visión no se basa únicamente en el Derecho Penal, sino también en disciplinas como la criminología, la sociología y los tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño.
“La explicación no parte únicamente del derecho penal. Aquí intervienen diversas disciplinas como la criminología, la sociología, el derecho penal convencional y la doctrina de protección integral basada en el Pacto de San José de Costa Rica y la Convención sobre los Derechos del Niño. No es algo que se nos ocurrió sin base”, afirmó.
Fallas en la aplicación del sistema
El especialista consideró que el marco legal paraguayo, establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia, es adecuado. Sin embargo, criticó la falta de políticas públicas y la insuficiente especialización en el sistema judicial.
“Contamos con una legislación muy buena, pero debe articularse mejor para que funcione como corresponde. La falta de especialización es el gran defecto que perjudica al fuero penal adolescente”, declaró.
“Tenemos una buena ley, pero no la aplicamos como deberíamos. El mayor problema es la falta de especialización en las distintas etapas del proceso judicial”, indicó. Aunque existen jueces especializados, muchos procesos recaen en operadores sin formación específica, lo que deriva en prácticas inadecuadas.
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Pobreza y adicciones como desafíos pendientes
En cuanto a la prevención del delito juvenil, Bogarín identificó dos ejes fundamentales: la lucha contra la pobreza y el abordaje efectivo de las adicciones.
También cuestionó la limitada respuesta del sistema ante el problema de las adicciones, pues dijo que “el tratamiento de adicciones está concentrado en Asunción, y contamos con apenas 15 camas disponibles. Esa deficiencia explica en parte por qué no logramos una solución efectiva en este ámbito”.