Los policías detenidos por supuesta extorsión son el suboficial inspector Juan Manuel Duarte Riveros, de 34 años; suboficial primero Néstor Fabián Paredes González, de 28 años, y suboficial ayudante Adrián Martínez Duarte, de 23 años.
Los tres efectivos fueron arrestados el sábado de noche en su unidad, la comisaría 22ª de Loma Pytá, situada en la Ruta Transchaco, aún en jurisdicción de Asunción, pero que fue intervenida por el fiscal de Mariano Roque Alonso, Itálico Rienzi.
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El procedimiento fue acompañado por policías del Departamento Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros, quienes tomaron la denuncia de las supuestas víctimas, el teniente coronel del Ejército Elvio Elías Servián Dote, de 44 años, y su esposa Cristina Faviola Pereira Valdez, de 46 años.
El teniente coronel se desempeñaba hasta ayer como intendente girador de la Primera División de Caballería (1DC), con asiento en Joel Estigarribia, Chaco, pero hacía oficina en la sección de Gestoría, en el mismo predio del Comando del Ejército (ex-Caballería), en Asunción.
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El ministro de Defensa, general de Ejército retirado Óscar González, anunció ayer que el teniente coronel será destituido de su cargo.
Militar dio positivo al alcotest
Según los datos, el hecho se produjo en la madrugada del sábado, cuando el teniente coronel salió del Comando del Ejército a bordo de su camioneta y se dirigió a su domicilio en Mariano Roque Alonso.
El militar estaba completamente ebrio y rozóunos vehículos sobre la Transchaco, cuyos conductores llamaron al Sistema 911.
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La patrullera M-220 de la comisaría 22ª con los tres efectivos que luego serían detenidos empezó a perseguir el vehículo del militar, quien intentó escapar acelerando a fondo.
Los policías persiguieron al militar hasta frente a su casa, donde incluso hubo disparos contra su vehículo y finalmente el teniente coronel fue esposado y llevado a la comisaría.
El militar fue sometido al alcotest, que salió positivo, con una graduación de 0,992 mg/l, que es considerada extremadamente alta.
La supuesta extorsión
Después de eso, supuestamente los agentes intervinientes habrían exigido G. 20 millones para liberarlo y no comunicar el procedimiento a la Fiscalía.
Con la ayuda de su esposa y hasta de un vecino, el militar aparentemente logró juntar G. 15 millones, monto que transfirieron a las cuentas bancarias de los policías.
Luego de recibir el dinero, los uniformados liberaron al militar.
Supuestamente, en todo momento pedían acelerar el “negocio” antes de que se despertara su jefe, el comisario principal Sabino López, quien aparentemente no estaba al tanto de la acción de sus subalternos.