El equipo de agentes fiscales de la Sede 1, integrado por Hernán Galeano Bogado (Unidad Penal N.º 15), Julio César Ortíz (Unidad N.º 3), Silvio Rubén Alegre (Unidad N.º 1) y Dominica Deidamia Zayas (Unidad N.º 4), presentó la acusación contra Dany Edgar Xavier Durand Espínola y otros cinco coacusados: Fernando Román Fernández, Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos Ocampo de Román, Favio Arturo Britos Ocampo y María Patricia Espínola Durand, por los hechos punibles de estafa y asociación criminal, en el marco del caso conocido como Mocipar.
En cuanto a la imputada Marcela Adriana Durán Martínez, no se presentó requerimiento conclusivo debido a que fue declarada rebelde mediante el A.I. N.º 1059, del 13 de septiembre de 2023.
Los acusados están sindicados como responsables de un esquema supuestamente fraudulento que afectó a al menos 31 personas, quienes habrían sido engañadas mediante promesas incumplidas de entrega de bienes.
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El origen del esquema

De acuerdo con los antecedentes de la causa, los hechos se habrían iniciado en 2006 y se extendieron hasta finales de 2019 e inicios de 2020. El supuesto esquema delictivo consistía en ofrecer bienes como vehículos, propiedades y electrodomésticos a precios accesibles, promocionados principalmente a través del programa televisivo “Domingo en Familia”, dirigido y conducido por Dany Durand entre 2003 y 2014.
Este programa incluía un segmento denominado “Sorteos del Grupo Mocipar”, que sirvió como plataforma para captar clientes. El denominado Grupo Mocipar, integrado por las firmas Mocipar Automotores S.A., Mocipar Propiedades S.A. y Mocipar Hogar 5 A., habría establecido una estructura que permitía captar mensualmente importantes sumas de dinero de personas que firmaban contratos bajo distintas modalidades: Plan Autofácil, Plan Vivienda y Plan Electrodomésticos.
Los fiscales señalan que, pese a que muchas personas cumplieron con el pago total de las cuotas, no recibieron los bienes prometidos. En su lugar, eran presionadas para aceptar nuevos planes, más costosos o con condiciones distintas, bajo la amenaza de perder todo lo abonado hasta ese momento.
Contratos fraudulentos
Según la acusación, los contratos eran proformas idénticas, y contenían declaraciones falsas sobre los bienes ofertados. Una vez cumplidas las condiciones por parte de los clientes, como la adjudicación o el pago completo, los acusados no entregaban los productos ni cumplían lo pactado.
De este modo, las víctimas habrían sido inducidas al error, disponiendo de su patrimonio sin recibir ninguna contraprestación, lo que configura la base de la acusación por estafa y asociación criminal.
El caso avanzará ahora a la etapa de juicio oral, donde el Ministerio Público deberá sostener sus cargos ante el tribunal competente.