Por unanimidad el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos que preside la jueza Elsa García e integran Sonia Sánchez y Karina Rodríguez, resolvió rechazar los incidentes de las defensas del exministro de Emergencia Nacional Joaquin Daniel Roa Burgos y el empresario Alberto Koube Ayala; y ratificó la legalidad de varias pruebas ofrecidas por el fiscal anticorrupción Silvio Corbeta.
Específicamente, el Colegiado rechazó la exclusión probatoria del yate de la marca Azimut AZ 42, que según la acusación fiscal fue entregada como obsequio al ex titular de la SEN. Los abogados Rodrigo y Gustavo González Planás, representantes del exministro Joaquín Roa, habían alegado que la embarcación fue incautada sin orden judicial, el 22 de febrero de 2022; sin embargo las juezas confirmaron la admisión de la prueba.
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Además, el Tribunal de Sentencia rechazó la exclusión del disco duro portátil que contiene las evidencias del caso “A Ultranza Py”, que según fundamentaron las defensas no tuvieron acceso a dicha prueba, ya que es de otro expediente; y que el fiscal Silvio Corbeta solicitó ese documento judicial en abril del 2023 y le fue remitido en julio de ese año. El Colegiado ratificó la legalidad de dicha elemento probatorio.
Las defensas plantearon reposición en contra de las decisiones del Tribunal de Sentencia e insisten que la constitución fiscal en la que se incautó la mencionada embarcación fue irregular, y con respecto al disco duro que el Ministerio Público violó la cadena de custodia. El juicio oral continuará el próximo lunes, 23 de junio, a las 8:00.
Peritos declararán en juicio a Joaquín Roa
Por otro lado las juezas Elsa García, Sonia Sánchez y Karina Rodríguez admitieron la inclusión como testigos de los peritos del Ministerio Público Sergio Salinas y Ramón Colmán, quienes estuvieron a cargo del análisis en el caso A Ultranza Py. Ambos profesionales declararán en el presente juicio oral y público.
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Asimismo, el Colegiado resolvió diferir la decisión sobre la inclusión del disco duro que contiene el proceso seguido a varios incoados en la mencionada causa, entre ellos Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán Galeano; que fue solicitada por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta.
También se resolvió diferir la decisión con respecto a la inclusión de todo el expediente judicial y la acusación de la causa “A Ultranza Py” presentada por el fiscal antidrogas Deny Yoon Pak; que había sido excluidos en la audiencia preliminar por el juez de Garantías de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia.
Estas decisiones también fueron cuestionadas a través del recurso de reposición por parte de la defensa de Roa y por los abogados Rodrigo Álvarez y Mario Bobadilla, representantes del empresario Alberto Koube Ayala; el Tribunal de Sentencia resolverá en la próxima audiencia si ratifica su postura o atienda el pedido de los acusados.
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Joaquin Roa direccionó licitaciones, según fiscalía
La acusación presentada por el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta Dinamarca en contra de Joaquín Roa es por supuesto cohecho pasivo agravado, lavado de dinero, lesión de confianza, administración en provecho propio, asociación criminal y lavado de activos; y contra el empresario Alberto Koube Ayala por presunta coautoría en el lavado de dinero, y complicidad en los hechos de lesión de confianza y lavado de activos.
Roa tuvo a su cargo la SEN entre 2013 y 2022, pero según la fiscalía entre 2018 y 2021 adjudicó licitaciones y contrataciones en forma sistemática a Alberto Koube por G. 16.080 millones; y recibió dádivas de parte de su amigo Alberto Koube a cambio de adjudicar licitaciones públicas a las empresas de este último o sociedades vinculadas a él.
El total 11 adjudicaciones se dieron con el concurso de las firmas de Alberto Koube, como el Grupo Tapyracuai y de grupos empresariales de terceros proveídos o vinculados al ahora acusado, como JPA Logística, Noemacol, Sofimac, Joaquín Núnez, Katerine Ayala y otros, de acuerdo a la acusación del fiscal Silvio Corbeta.
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Esta causa es un desprendimiento del caso A Ultranza y surgió tras los datos obtenidos con los allanamientos hechos desde el 22 de febrero de 2022, así como la inmovilización del yate “Antares”, registrado a nombre del grupo “Tapyracuai SA”, representada por Alberto Koube, y que habría recibido Joaquín Roa a cambio de redireccionar licitaciones que fueron adjudicadas a firmas ligadas a Koube.