La Policía Nacional realizó allanamientos en simultáneo en busca de integrantes de una organización criminal que se dedica a robos y reducción en el área metropolitana. Uno de los detenidos fue Ignacio Luis Ortigoza, extitular del Indert, quien estaba prófugo de la Justicia desde hace años.
Los allanamientos fueron en viviendas, donde se dio la detención de cinco personas, de las cuales tres son presuntas integrantes de una organización criminal perpetradora de hechos de robo agravado, reducción y otros, según el parte policial.
Operaban en el área metropolitana de Asunción y zonas del departamento Central.
Fueron incautadas sustancias estupefacientes, dinero en efectivo, aparatos celulares y una motocicleta, en prosecución de los hechos de homicidio doloso, robo agravado, reducción, tráfico de drogas y otros.
Cuatro de las viviendas allanadas se encuentran en Lote Guasu, San Lorenzo y una en el barrio Laguna Grande de Fernando de la Mora.
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Detenidos identificados por la Policía Nacional
- Julián Alberto Gómez Bogado (23), con orden de captura pendiente por homicidio doloso en el 2025.
- Melissa Luján Galeano Centurión (20).
- Ignacio Luis Ortigoza Samudio (49), con órdenes de captura por lesión de confianza, estafa y otros. Extitular del Indert, prófugo de la Justicia desde hace más de seis años. Declarado en rebeldía en noviembre del 2019 y buscado por varios casos de presunta corrupción pública ante presuntas irregularidades durante su gestión.
Algunos casos por los que era buscado el extitular del Indert
- Intento de venta de parte del predio del aeropuerto de Capitán Bado, Amambay, en el año 2012.
- Trámites para adjudicar el inmueble donde funcionaba el aeropuerto al ciudadano árabe Ali Hatem Barakat.
- Fue investigado por la venta irregular de tierras en Alto Paraguay que habría ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 15.381.715.000.
- Supuestas compras irregulares de tierras de la adquisición de unas 5.723 hectáreas de la empresa San Agustín, propiedad del padre del exsenador Jorge Oviedo Matto en Cordillera, por una supuesta sobrefacturación de G. 60.000 millones.
- Venta irregular de tierras de la reserva Mbaracayú, que habría causado un perjuicio patrimonial de unos G. 40.000 millones.