El Tribunal de Sentencias Especializado en Crimen Organizado, presidido por la magistrada María Luz Martínez e integrado por Federico Rojas y Dina Marchuk, inició otra jornada del juicio a 18 personas acusadas en el caso A Ultranza por supuestas vinculaciones con la actividad del tráfico internacional de drogas, el lavado de activos, y al uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, hasta hoy prófugo.
Los jueces fijaron para proseguir con el juicio el lunes 21 de julio, a partir de las 10:00, con la presentación de incidentes por parte de otras defensas, correspondientes a los acusados Rodrigo Montalva y José Alberto Insfrán.
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En la jornada, el Colegiado habilitó a las defensas de los procesados para que presenten sus incidentes. Primeramente, la defensa de principal acusado Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, ejercida por el abogado Álvaro Arias, denunció que en la anterior, sesión autoridades de la Penitenciaría de Máxima seguridad de Minga Guazú le impidieron tener conversaciones privadas a su defendido con su abogado.
Posteriormente Arias planteó entre sus incidentes la división del juicio. Esto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 377 del Código Procesal Penal (CPP), a fin de que en la primera parte se trate la existencia del hecho punible acusado por el Ministerio Público, representado por el fiscal Deny Yoon Pak, y la reprochabilidad de su defendido; y en la segunda, se individualice la sanción que se le impondrían ante una eventual condena.
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Luego solicitó que se libre oficio a la Fiscalía de Minga Guazú para que remita copia de la carpeta fiscal sobre la investigación, relacionada a la fuga del penal de ese distrito. Esto para que se verifique la participación de Miguel Ángel Insfrán en ese hecho, con la finalidad de que se pueda hacer una correcta medición de la pena.
Más incidentes de las defensas
Posteriormente, la defensa de María Natalia Aranda Odorico y Joceline Odorico, planteó la inclusión probatoria de los informes relacionado a las conductas de las mismas. Para este efecto, solicitó que se libren oficios a la Penitenciaría de Mujeres de Coronel Oviedo “Serafina Dávalos” y al Departamento de Estadística del Poder Judicial.
A su turno, el abogado defensor del acusado Aníbal Estigarribia Casco, solicitó inclusión probatoria de una Sentencia Defeinitiva del fuero Civil y Comercial. También planteó excepciones de falta de acción y legitimación activa en relación al Ministerio Público, así como de de incompetencia contra el Tribunal de Sentencias.
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La defensa de Estigarribia Casco argumentó su pedido en que los hechos acusados no corresponden, pues consideró que su defendido fue procesado solamente por haber hecho préstamos de la Cooperativa San Cristóbal, por lo que peticionó el sobreseimiento definitivo y la libertad inmediata de su cliente.
El abogado Miguel Ángel Mendieta, defensor del procesado Luis Luis Iván Estigarribia, solicitó por su parte la actualización del informe de conducta relacionado a su cliente.
Piden nulidad de la acusación
En otro momento el abogado Gerardo Ortiz, defensor de la acusada María Virginia Araki, planteó excepción de incompetencia y que el juicio se desdoble en relación a su defendida a modo de que sea juzgada por un Tribunal de Sentencias Especializado en Delitos Económicos y Corrupción, señalando que ella está acusada por hechos relacionados a finanzas.
Así también citó los casos de otros acusados en A Ultranza, por hechos de lavado de activos, pero que habían sido condenados en procedimiento abreviado por la jueza penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Rosarito Montanía.
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Igualmente planteó el incidente de excepción por falta de acción en relación a la Fiscalía. Argumentó Ortíz su punto en que el proceso contra Araki inició en forma indebida, pues fue apresada por agentes de la Senad cuando no había orden de detención, escrita, contra ella sino solamente contra su pareja Federico Ezequiel Santoro Vassallo, quien ya fue extraditado a Estados Unidos.
El abogado Hugo López, también defensor de María Araki, por su parte solicitó la nulidad parcial de la acusación, específicamente a lo que está relacionado al artículo 44 de la Ley N° 1340/88 y mantenga lo relativo al artículo 196 del Código Penal.
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Los 18 acusados del caso A Ultranza
La lista de acusados por el fiscal antidrogas Deny Yoon Pak, que son juzgados es encabezada por el sindicado líder paraguayo de la megaestructura dedicada al narcotráfico internacional, Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán Galeano, el exdiputado colorado Juan Carlos Ozorio y el sindicado como principal brazo logístico de la estructura Luis Fernando Sebriano González.
También son juzgados el pastor José Alberto Insfrán Galeano y Conrado Ramón Insfrán Villar, hermanos de “Tío Rico”; el considerado líder del esquema de lavado de dinero del grupo Alberto Koube Ayala; la pareja de éste último María Noelia Colmán Alarcón, y su hermana Fátima Koube Ayala.
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Los demás acusados son Rodrigo Emilio Montalva Agüero, supuesto hombre de confianza de “Tío Rico” y secretario del otro presunto cabecilla del grupo criminal, el uruguayo prófugo de la Justicia Sebastián Marset; así como María Virginia Araki, esposa de Federico Ezequiel Santoro Vassallo; José Enrique Gamarra Villalba, Reina Mercedes Duarte Aguilera, Magno Deleón Villalba y Alexis Vidal González Zárate.
Finalmente, también son juzgados Aníbal Estigarribia Casco y su hijo Luis Iván Estigarribia; María Nathalia Aranda y Joceline Odorico.
Acusación fiscal en caso A Ultranza
Según la acusación, desde que el uruguayo Sebastián Marset (prófugo) frecuentó Paraguay, en 2018, se creó una organización dedicada al tráfico de cocaína, que operó hasta el 2022, pues mediante el Operativo A Ultranza que comprendió más de 100 allanamientos y la participación de una veintena de fiscales, la estructura fue anulada.
Los cabecillas del grupo criminal serían el uruguayo Sebastián Marset, encargado de negociar la compra de la droga con narcos de Bolivia; y el paraguayo Miguel “Tío Rico” Insfrán, a cargo de mover la cocaína desde su descarga en Paraguay, su acopio en varios puntos del país y luego su exportación, mayormente por vía fluvial.
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De acuerdo con la teoría de Fiscalía, el grupo criminal ofrecía por US$ 12.000 a US$ 14.500 cada paquete de cocaína, y al concretar el envío de la droga a África, por ejemplo, obtuvieron la suma de US$ 18.429.500.
En el mercado europeo cada paquete de cocaína era vendido entre US$ 20.000 a US$ 25.000, por cada kilo; y se estima que, con los 17.340 kilos de cocaína que fueron descubiertos, el grupo criminal obtuvo la suma de US$ 433.500.000.